Tres de agosto de 2020. La noticia de que el exrey Juan Carlos de Borbón ha decidido huir de España corre como la pólvora por todos los medios de comunicación y redes sociales. La escapada del anterior monarca era previsible desde que en 2014 se viera obligado a abdicar acuciado por los asuntos de presunta corrupción que le persiguen desde hace varios años.
Episodios como el anterior no son nuevos en la historia de España. En 1808 Carlos IV de Borbón abandonó España tras los sucesos de Aranjuez. En 1867 fue Isabel II de Borbón quien tuvo que salir forzosamente de España y, ya en el siglo pasado, fue Alfonso XIII el que dejó atrás España escapando de cierta “inestabilidad”. Todas las reales espantadas tienen en común el verse inmersas en graves crisis económicas del país y motivadas por el descontento con la tendencia borbónica a mezclar los negocios públicos con los privados, a confundir el patrimonio propio y la hacienda pública, aderezado todo ello con conductas inapropiadas, o cuando menos relajadas, en el ámbito sentimental.
Todo este revuelo vuelve a poner de relieve el debate monarquía – república. La verdad es que no se entiende muy bien que en pleno siglo XXI siga vigente el sistema monárquico, que conceptualmente es contrario a la democracia, a la igualdad y a la justicia:
La monarquía es algo antagónico a la democracia porque es hereditaria, es una magistratura del estado que pasa de padres a hijos sin posibilidad de elección por parte de los ciudadanos y sin que éstos puedan removerla en modo alguno (Artículo 57.1 de la Constitución Española). En el caso de España, este carácter antidemocrático se ve doblemente reforzado porque además de transmitirse únicamente por vía biológica, su última restauración (la de 1975) fue impuesta digitalmente (a dedo) por el dictador que ostentaba el poder de forma ilegítima tras liderar el golpe de estado y posterior guerra de tres años, que en 1936 terminó con la última experiencia republicana (Ley de Sucesión franquista de 22 de julio de 1947).
La monarquía también es contraria al principio de igualdad, y es tremendamente machista, pues en la sucesión a la corona prevalece el varón sobre la mujer y porque, por razón de nacimiento, una familia goza de prerrogativas vedadas al resto de familias del país, pese a que el artículo 14 de la Constitución dispone que Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
La monarquía es contraria al principio de justicia porque la persona del rey es inviolable, sus actos no están sujetos a exigencia de ningún tipo de responsabilidad (Artículo 56.3 de la Constitución), lo que en la práctica supone consagrar legalmente la impunidad del rey respecto de sus actos. En cambio, durante el último periodo republicano, la constitución republicana de 1931 en su artículo 85 establecía que El Presidente de la República es criminalmente responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones… La mera lectura comparada de ambos preceptos hace innecesaria más aclaración o análisis al respecto.
Lo cierto es que, quizá por la traumática experiencia republicana del primer tercio del siglo pasado, o por la trágica guerra que puso fin a la misma y la subsiguiente dictadura militar, se tiende a identificar a la república con un sistema político de izquierdas, o solo de gentes ideológicamente izquierdista y esto no es así. La república no va de derechas o de izquierdas sino de radicalidad democrática, de experiencia democrática hasta sus últimas consecuencias, que se extiende desde la organización del estado y su forma de gobierno hasta el modo de gestión de los recursos públicos, únicamente orientados en función de las necesidades e interés general, del buen hacer de todos en pro de todos con lo que es de todos1. Se trata de que todos decidamos cómo gobernarnos y quién nos gobierna, de que nadie sea más que otro por el mero hecho de nacer en una determinada familia o que existan poderes que están exentos de responsabilidad y sin posibilidad de fiscalización de su gestión y actividad públicas.
República es que nadie pueda ostentar un cargo vitalicio, hereditario, y discriminatorio por razón de sexo en cuanto a su acceso, cuyo ejercicio resulta impune por no estar sujeto a exigencia de responsabilidad jurídica, ni judicial ni política, y que es sufragado con fondos públicos de cuya gestión no se rinden cuentas, ni resulta fiscalizable; y que además, “presuntamente”, sirve de plataforma para la celebración de negocios privados opacos cuyos rendimientos se ocultan a la hacienda pública.
Notas.
Res publica es una expresión del latín, que significa literalmente "cosa pública", lo que se conoce modernamente como esfera pública. Etimológicamente, es el origen de la palabra "república" y, conceptualmente, de la inglesa commonwealth. Su uso se vincula generalmente con los conceptos actuales de sector público y Estado, y con los conceptos tradicionales de bien común y procomún.
