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CCOO urge de nuevo a la Junta que asuma la gestión del transporte sanitario en Extremadura

El sindicato advierte a la Administración de la necesidad de dar "estabilidad" a un servicio público que debe ser prestado con una "calidad exquisita".

18 enero 2022

CCOO ha instado de nuevo a la Junta a que asuma la gestión del transporte sanitario en Extremadura, como así lo trasladó ya en la mesa para la concertación social del transporte sanitario terrestre.

A través de una nota de prensa, el sindicato ha recordado que, dada la situación actual y después de que la licitación del servicio quedará desierta, la Administración realizará otro contrato de emergencia a favor de la empresa que actualmente presta ese servicio.

Así pues, la organización sindical ha indicado que, ante "dificultad" que se observa en la gestión del servicio desde hace algunos años, no es la primera vez que CCOO advierte a la Administración de la necesidad de dar "estabilidad" a un servicio público que debe ser prestado con una "calidad exquisita, de la misma forma que ya se ha hecho cargo del centro coordinador".

Además, y como ha sostenido, la empresa con la que se realizará de nuevo este contrato para la prestación del servicio "incumple de forma reiterada" con las cláusulas sociales, aplicando "arbitraria y discrecionalmente el convenio colectivo que afecta a la plantilla".

"El incumplimiento de esta norma, reflejada en largas jornadas de trabajo, cambios de servicios y localidad, acumulación de guardias... repercute directamente sobre trabajadores y trabajadoras, imposibilitando la conciliación personal y familiar de estos, el incremento de los riesgos psicosociales de la plantilla y la merma en la calidad de la prestación del servicio", ha aseverado.

Por ello, CCOO ha requerido a la Junta de Extremadura en varias ocasiones que asuma la gestión directa del transporte sanitario terrestre en Extremadura a través de la figura que considere "más adecuada" y garantice "de una vez por todas" el cumplimiento de las condiciones laborales que señala el convenio de aplicación a este personal.

Y es que "un gobierno socialmente responsable debe asegurarse de que el beneficio empresarial no se obtenga a costa del deterioro de las condiciones laborales de las personas que sostienen el mismo, convirtiéndose en cómplice de quien lo hace si mantiene la actitud de mirar hacia otro ante estos incumplimientos", ha sentenciado.

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