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PP advierte de "nuevas irregularidades" respecto a personal en Diputación de Cáceres

Afirma un juzgado ha considerado que no es así, tras la denuncia presentada por una funcionaria que vio como se vulneraban sus derechos.

02 julio 2021

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El Partido Popular (PP) en la Diputación de Cáceres ha advertido de "nuevas irregularidades" en materia de personal en la institución provincial por parte del Gobierno del PSOE, al que ha acusado de utilizar la institución como "una agencia de colocación socialista".

El portavoz de los 'populares', José Ángel Sánchez, ha dado a conocer que el Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de Cáceres ha anulado el pasado mes de febrero dos resoluciones del presidente de la Diputación, Carlos Carlos, en las que se realizaban nombramientos de dos funcionarios interinos, basándose en situaciones de necesidad y de urgencia, que el juzgado ha considerado que no es así, tras la denuncia presentada por una funcionaria que vio como se vulneraban sus derechos.

La decisión ha sido anulada por el juzgado y ratificada la sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), ya que "no se respetaba la movilidad funcional", es decir, que antes de cubrir cualquier plaza por personal interino, ésta debe ofrecerse al personal funcionario de carrera para ser cubierta, según establece el artículo 10 del estatuto básico del empleado público y como figura en el convenio colectivo de la propia Diputación Provincial.

Según Sánchez Juliá, "además ha quedado demostrado que no se justificaba la necesidad y la urgencia de estos nombramientos de interinos", por lo que "esta irregularidad del PSOE va a obligar a la Diputación a ofertar y convocar estas plazas por concurso de traslado en el plazo de 6 meses, según han ordenado los tribunales de justicia, generando un perjuicio a los funcionarios interinos que fueron nombrados y que no tienen culpa de nada", ha dicho.

Sánchez Juliá ha resaltado que este hecho demuestra la "parcialidad total" con la que actúa el Gobierno provincial, porque "no respeta los derechos de los funcionarios a poder optar a estas plazas que no están cubiertas".

35 NOMBRAMIENTOS MÁS

Además, el PP ha asegurado que "no es un hecho aislado", ya que, desde el mes de febrero se han realizado hasta el mes de mayo 35 nombramientos de funcionarios interinos en las mismas condiciones que las dos resoluciones anuladas por los tribunales, por lo tanto, "aquí no hay algo casual, es un 'modus operandi' en la política de personal socialista, saltándose no solo lo que marca la ley y el propio convenio de la Diputación, sino que también hace caso omiso a las sentencias judiciales que ya les han advertido de que sus nombramientos son ilegales".

Ante esta situación, el PP se pregunta ¿qué pasará si ahora se anulasen también el resto de resoluciones?, ¿quién va a resarcir el daño que se les produciría a estas personas? y ¿quién va a responder ante las posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial de los afectados?

MODIFICACIÓN DE LA RPT

El portavoz de los 'populares' en la institución también ha criticado que el pasado lunes, por orden presidencial, se ha iniciado el expediente para llevar a cabo la "enésima" modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), en la que destaca la modificación de la forma de provisión del puesto de Vicesecretario, "blindando su continuidad para que futuras corporaciones no puedan realizar cambios".

Actualmente, esta forma de provisión es de libre designación, exactamente igual que el Secretario o el Interventor, y con esta modificación se pretende establecer un concurso de méritos "específico" en el que lo que más se valora es la experiencia en puestos similares.

Sánchez Juliá cree que con esta actuación pueda ocurrir lo mismo que ya pasó con el gerente del Consorcio Másmedio, cuando las bases para acceder al puesto "fueron supuestamente a medida para una persona que ha resultado ser el marido de la directora general de Transporte de la Junta de Extremadura".

Por todo ello, el PP espera que en la Mesa de Negociación los sindicatos levanten la voz en defensa de los funcionarios, con el fin de respetar la igualdad de derechos para todos, ya que el PP no lo puede hacer por estar excluido de la misma por orden única y exclusivamente del PSOE.

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