La semana pasada, los empleados públicos dependientes del Gobierno de Extremadura recibieron una buena noticia, y es que por fin, el Gobierno Autonómico decide devolverles parte del dinero que indebidamente se les arrebató el pasado diciembre del 2012.
Ya va para dos años que el ejecutivo central, sin previo aviso ni negociación, les privara de 44 días de su paga extra, cuando ya éstos habían sido devengados, aplicando con efectos retroactivos una norma que contravenía la Carta Magna. Después de numerosos pronunciamientos judiciales a favor del personal al servicio de las administraciones públicas, y algún que otro gasto que se podía haber evitado, el Gobierno de Extremadura aceptó negociar con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos el cómo y cuándo se les devolvía lo que era suyo, alcanzando el compromiso, no el que les hubiera gustado, de devolverles la cantidad debida de forma fraccionada, el 70% del devengo en 2014 y el 30% restante en 2015.
Este acuerdo alcanzado entre los sindicatos (CSI-F, UGT y CCOO) y el Gobierno de Extremadura, es el primero en el conjunto del Estado, y debería servir de referente para que tanto el Gobierno de España y el resto de administraciones que aún no han abonado el devengo, actuasen en consecuencia, evitando situaciones discriminatorias entre empleados públicos de una administración y otra, y además, se daría cumplimiento al artículo 14 de la Constitución en el que se dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna.
Por ello, el Ministerio de Hacienda deberían convocar de manera urgente la Mesa de Negociación correspondiente para hacer extensiva esta devolución al resto del personal público, y establecer el calendario oportuno para la reposición de lo que resta de la paga extra de diciembre del 2012.
Este acuerdo, debería ser el principio del fin de las políticas de recortes, y comenzar una época en el que se reconozca el esfuerzo realizado por los empleados públicos para salir de la crisis económica, se restituyan de forma progresiva todos los derechos indebidamente arrebatados, algunos de ellos sin repercusión económica, y se acompañe de actuaciones de dignificación de los empleados públicos, tan necesarios para nuestra sociedad.
