Después de varios años de pérdida de condiciones y derechos económicos, laborales y sociales, los Empleados Públicos comienzan a ver la luz al final del túnel, o al menos eso parece.
Si hacemos memoria, en los últimos años los Empleados Públicos ha visto como se les ha rebajado su salario base entre un 5% y 10%, se les ha congelado el salario durante cinco años consecutivos, se les han subido los impuestos, han perdido parte de sus ingresos en caso de incapacidad temporal, se les ha suprimido la paga extra, se les han eliminado los días "moscosos"…, oscilando su pérdida de poder
adquisitivo en la actualidad, en torno a un 20%.
Ante este panorama, los empleados públicos se han visto obligados a solicitar, durante los últimos años, a las distintas administraciones de las que dependen, la recuperación de los derechos, y condiciones laborales que, como decía, les han sido arrebatados.
Aunque tarde, sus reivindicaciones y protesta, canalizadas mayoritariamente a través del sindicato CSIF, han dado sus frutos, pues recientemente se ha firmado un acuerdo, entre el Ministerio de Administraciones Públicas y Hacienda y las organizaciones sindicales con representación en la mesa general de negociación según el cual; los Empleados Públicos disfrutarán de una subida salarial de hasta el
8,79% entre los ejercicios 2018 y 2020. Así mismo, según el acuerdo citado; se elimina la obligación de descuento salarial por incapacidad temporal; se levanta el veto sobre la jornada laboral semanal de 35 horas (18 horas lectivas para el personal docente); se incluyen medidas adicionales para la conciliación de la vida familiar y laboral (bolsa de horas recuperables, jornada continua), desbloqueo de la carrera
profesional, recuperación del empleo público…
Este acuerdo marca un punto de inflexión sobre más de 9 años de recortes sobre el colectivo de Empleados Públicos como consecuencia de la crisis económica y que pone las bases para la recuperación de las condiciones arrebatadas.
De ahí, que se hace necesario que tras este acuerdo los Empleados Públicos recuperen las condiciones laborales, económicas y sociales de antes de la crisis, no olvidando nunca que ellos son la base del Estado de Bienestar, ya que con su trabajo en educación, sanidad, empleo, servicios sociales, administrativo… entre otros, han estado, están y estarán siempre en contacto con los ciudadanos y sus necesidades en época de bonanza, o en época de crisis, garantizando que España siga siendo en Estado Social como reza el artículo 1 de nuestra Constitución.
Ante este contexto, ahora es el turno de las distintas administraciones públicas (estatal, autonómicas, locales y universidades), las cuáles deben convocar las correspondientes mesas de negociación para que el contenido del referido acuerdo se materialice, haciendo sus deberes y cumpliendo con sus compromisos con los Empleados Públicos.
