Además, a este estado de ilusión y esperanza, contribuían de manera positiva el continuo reconocimiento por parte de los poderes públicos, del sacrificio realizado, y de su contribución a la superación de la situación económica, con continuas promesas de recuperar la senda del crecimiento y devolverles a los Empleados Públicos todos y cada una de los derecho y condiciones injustamente arrebatados.
Desde CSIF miramos hacia atrás, y haciendo balance, vemos un año cargado de promesas incumplidas y verdades a medias, transformando el inicial estado de ilusión y esperanza, en un estado de decepción, una decepción que se extiende entre todos los Empleados Públicos que pierden otro año sin la tan esperada y prometida recuperación de sus derechos y condiciones, mientras los poderes públicos siguen mirando hacia otro lado perdiéndose en problemas normativos y competenciales que poco importan a los Empleados Públicos.
Los Empleados Públicos en general, arrastran desde 2010 una pérdida de poder adquisitivo que oscila en torno a un 20%, tras rebajas salariales (5% de media sobre su salario base), tres años de congelación salarial, subidas de impuestos, pérdida de parte de los ingresos en caso de incapacidad temporal...
Además, el año ha transcurrido sin que por parte del Gobierno de la Junta de Extremadura se afronte la restitución de la carrera profesional para los Empleados Públicos, paralizada desde hace años, siendo ésta una de las pocas posibilidades de promoción profesional de la que disponen, perdiéndose otro año más reclamando el reconocimiento y abono de los niveles de la carrera profesional, hasta alcanzar los previstos en la normativa correspondiente.
Se sigue incumpliendo la promesa suscrita ante un notario, de que TODOS los Empleados Públicos extremeños recuperen su jornada laboral de 35 horas semanales, es decir, la jornada que realizaban con anterioridad a la crisis económica.
El año 2017 ha terminado sin alcanzar la tan reclamada recuperación del empleo público (se han perdido en torno a 4.600 puestos de trabajo en ámbitos esenciales y básicos de nuestra sociedad), sin hacer avances en la malograda concertación social, sin avances en la creación de empleo, en la mejora de las infraestructuras públicas, sin un verdadero plan de industrialización para nuestra región .
En conclusión, ha transcurrido todo un año, en el que a salvo de insignificantes excepciones, la vida de los Empleados Públicos, sigue igual que el año anterior, con la diferencia de que hemos perdido un año.
Pero con el comienzo de un nuevo año, se abre un nuevo periodo, en el que se hace necesario que convivan el análisis y balance del año anterior, con los augurios y promesas para el año nuevo, y ante las conclusiones oportunas, el Gobierno de la Junta de Extremadura debe aunar sus esfuerzos y trabajar conjuntamente con todos los agentes sociales y económicos suficientemente representativos de la región, para conseguir que esas promesas y necesidades no se queden en aguas de borraja, y se conviertan en una realidad, de tal forma que 2018 sí sea el año de la recuperación de todos nuestros derechos.
