Una sociedad avanzada, no puede prescindir de una administración pública capaz de gestionar con eficiencia, eficacia y vocación de servicio lo público.
La sociedad está cambiando y las administraciones deben hacer lo propio, manteniendo lo bueno y cambiando lo mejorable, por ello es necesario que a través del diálogo y el consenso se cambien enfoques, estructuras y prácticas que respondan a los ciudadanos tal y como estos demandan.
La administración pública, en cuanto a su gestión, ha estado sujeta a cambios políticos, realizados a través de las continuas normas provenientes en especial del poder ejecutivo, en su afán de adaptarlo a su modelo, estos cambios continuos, que deberían responder a su adaptación social y no política, han producido en muchos casos inseguridad y descontrol en los ciudadanos que son los destinatarios últimos de los servicios.
Por ello, un relativo idealismo de administración pública se alcanzaría con una administración que realmente sirva con objetividad el interés general, más transparente, más profesional, menos costosa, evitando la duplicidad de órganos y funciones, con unos servicios públicos de calidad, cercana al ciudadano, menos burocrática, más comprometida con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, erigiéndose como vanguardia de la responsabilidad social corporativa.
En este contexto, el gobierno ha puesto en marcha una reforma de la administración pública que repercute con mayor intensidad en la administración local, pero por la que los ciudadanos de este país hemos de pagar un alto precio, y es que, a pesar de que algunas de las reformas pretendidas son positivas para el conjunto de la sociedad como la clarificación legal de las competencias municipales, eliminación de duplicidades y competencias impropias, mayor control económico sobre las mancomunidades y entidades locales menores, reducción del número de personal eventual y de cargos públicos con dedicación exclusiva en función de la población del municipio, otras no lo son tanto, pues esta reforma supone, anular la capacidad de negociación colectiva entre los trabajadores municipales y las corporaciones locales, fijar como criterio preferente de actuación la sostenibilidad presupuestaria frente al criterio de servicio público, carece de un plan de recolocación o traspaso de los empleados públicos, contempla la supresión de servicios públicos, no considera un catálogo de servicios esenciales que garantice la calidad y el carácter público de los mismos, reservadas exclusivamente a empleados públicos.
En definitiva, estamos ante una reforma de tal calado social que ésta no puede ser sino el fruto de la negociación y consenso de todos los agentes políticos, económicos y sociales, es decir, del conjunto de representantes de la sociedad, para que alcancemos esa administración pública que todos deseamos, sostenible y garantista de calidad de vida. No dejemos pasar la oportunidad, de poder conseguirlo entre todos.
JOSE GONZÁLEZ MONGE 19:59 13 marzo 2014
