Durante la ultima semana se ha venido debatiendo, entre la clase política y social, la conveniencia o no de hacer públicas las balanzas fiscales y sobre las verdaderas intenciones de aquellos que quieren hacerlo.
Resulta indudable que dicha publicación enriquece la transparencia en la gestión política que el ordenamiento jurídico impone a las Administraciones Públicas en sus relaciones con los ciudadanos. Otra cuestión es qué pueden aportar estas publicaciones al bienestar general, ya que si la intención difiere considerablemente de lo apuntado anteriormente, se pueden convertir en un argumento, otro más, de enfrentamiento o confrontación entre las diversas regiones que integran nuestra Nación.
El sistema financiero de las Comunidades Autónomas debe tener en cuenta numerosas pautas a la hora del reparto de los ingresos públicos, tal y como actualmente prevé la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, observando, entre otros aspectos, las necesidades de gastos, la capacidad fiscal, el menor nivel de renta…. No tener en cuenta estos criterios supondría dar la espalda al principio de solidaridad, que casualmente se encuentra reconocido en el mismo artículo en el que se proclama la unidad de la Nación Española como fundamento de la Constitución.
Y no es que la región extremeña reivindique constantemente el principio de solidaridad por vicio, pues quien quiera conocer la situación de Extremadura tiene que conocer su pasado y, como dice su Norma Institucional Básica, los condicionantes históricos de su desarrollo socioeconómico, su déficits histórico.
Extremadura no quiere vivir de la caridad, sino que se le brinden las mismas oportunidades que al resto de las regiones para desarrollarse con sus propios medios y sus capacidades, pero sin palos en las ruedas, pues lo contrario sería marcar el camino hacia una disgregación de España, y España la hacemos todos, ya que si una pata de la mesa cojea la mesa se desequilibra.
Por ello, la publicación de las distintas balanzas fiscales, deberían de ser reales y no ficticias, donde no solamente se tengan en cuenta lo que se recauda y se recibe, sino también todas las aportaciones que se realizan por parte de las distintas comunidades autónomas.
