Como viene siendo habitual, con el comienzo de un nuevo año proliferan los análisis de la situación del país, en especial en términos económicos y sociales, con relación al ejercicio precedente. A diferencia de las continuas previsiones que rigen las actuales políticas públicas, tan necesarias pero que, en la mayoría de los casos, no se materializan, los análisis a “toro pasado” nos permiten tener una visión exacta de la realidad, sobre la cual elaborar y corregir las previsiones para el ejercicio corriente.
Gracias a estos análisis hemos podido conocer que la ocupación en el sector público continúa en caída libre. Y es que la situación es, cuanto menos, preocupante. Según revelan los datos oficiales, la ocupación en el sector público (administrativo y empresarial) se situó en 2.795.800 personas en el cuarto trimestre de 2013, 34.800 empleados menos respecto al trimestre anterior, y 121.400 personas menos si lo comparamos con el último trimestre de 2012.
Este dato refleja una pérdida total de 424.800 empleos respecto al tercer trimestre de 2011, periodo temporal en el que comenzó la sangría en el sector público, con una reducción del 13,1 por ciento en estos dos años.
Por decirlo de otra manera, una de cada diez personas que trabajaban en este sector ya no están en su puesto. Este dato nos permite hacernos una idea de la grave situación a la que se enfrenta este sector, en una doble vertiente, tanto en términos de empleo, como en lo referente a la calidad de los servicios que recibimos, como buque insignia del Estado del Bienestar.
Continuando con el análisis de los datos, en estos momentos, la plantilla del conjunto de las administraciones públicas se sitúa en el mismo nivel que se registraba en el segundo trimestre de 2004, es decir, en este sentido hemos retrocedido casi diez años.
El descenso más pronunciado se detecta en el número de asalariados en el último año (último trimestre de 2013, respecto al último de 2012) en el sector público autonómico, afectando a 94.500 puestos de trabajo. Por el contrario, se observa un repunte significativo en la ocupación, subió en 13.700 y 700 personas, en los ayuntamientos y empresas públicas, respectivamente.
A la vista de los datos indicados, quizá sea el momento de otorgar protagonismo a la responsabilidad social corporativa, ya que si no reaccionamos a tiempo el problema se agravará hasta límites insospechados, de tal forma que, en los próximos años, el sistema se hará insostenible, con un severo descenso en la calidad de los servicios públicos, tan necesarios en situaciones como las actuales en las que el sector público tiene que tomar las riendas para mantener, no ya unos servicios públicos de calidad, sino un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales.
