Los problemas económicos por los que atraviesa nuestro país, siguen amenazando la calidad y el mantenimiento de los Servicios Públicos, dificultándonos, aún más si cabe, la defensa de los mismos por la aparición en escena de un peligro aún mayor, los recortes presupuestarios en el gasto público como consecuencia de la crisis.
La defensa de los servicios públicos es un estandarte cuya posición estratégica debemos recuperar, estandarte que abandera un sistema de responsabilidad política en el que el sector público asume su deber para con la sociedad, poniéndose al frente de la ejecución de las políticas sociales, ya que es a las autoridades públicas a las que les corresponde, no solo la delimitación de qué actividades son susceptibles de ser consideradas como servicios públicos, sino también proteger y garantizar su prestación, por ser estas necesidades de interés general.
Y es que, la protección y garantía de los servicios públicos debe ir asociada a características tales como: igualdad de acceso, prestación y calidad; universalidad y continuidad, precios públicos desligados del coste del servicio; adaptabilidad a las necesidades de la población, a los cambios tecnológicos; transparencia y control con participación de usuarios y trabajadores...
Sin embargo, en nuestro querido país se sigue, casi de forma obsesiva, en la idea de reducir el gasto público como la única forma de salir de la crisis, pero los datos no se corresponden con la realidad de que en España haya un gasto público excesivo, ni en términos históricos o estructurales ni en términos coyunturales de respuesta a la crisis. Y el más claro ejemplo es que España tiene el nivel medio de gasto público social por habitante más bajo de la Unión Europea, situándose en los países de la zona euro en el 49,8% del PIB, frente al 43,6% de España.
De ahí que las políticas de recorte, de reducción del gasto público, hayan servido para ralentizar la recuperación económica y la generación de empleo, afectando directamente a la calidad de los servicios públicos, garantes de la igualdad y cohesión social.
La crisis no debería ponerse como excusa, tanto por unos como por otros, para desmantelar el Estado de Bienestar que durante tantos años nos ha costado conseguir y sí centrar todos sus esfuerzos en la defensa de los servicios públicos, porque las personas son y deberían ser siempre lo primero.
