El pasado día 24 de octubre se celebró una jornada de huelga general por la Educación Pública, con numerosas concentraciones y manifestaciones a lo largo y ancho del territorio Nacional. El motivo, entre otras cuestiones, no fue otro que el rechazo a Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), norma que está a punto de aprobarse de manera definitiva sin el acuerdo de ninguno de los sectores afectados y, éste es un hecho preocupante.
Como se ha recalcado hasta la saciedad, en todas las épocas y bajo todas las ideologías políticas, la educación es uno de los pilares sobre los que se asienta una sociedad desarrollada, así como aquella que aspire a serlo, de tal forma que, el sistema educativo, no debería estar sujeto a continuos cambios marcados por la ideología de turno.
El sistema educativo, como herramienta para hacer efectivo el derecho fundamental a la educación, debe nacer con voluntad de permanencia en el tiempo, y esa permanencia solo es posible si éste es fruto del consenso, de tal forma que con independencia de que en el futuro se produzcan cambios de gobierno, el sistema gozará de tal solidez que únicamente cabrá introducir adaptaciones puntuales sin repercutir en sus bases, y por tanto, no afectando al conjunto de la sociedad que, directa o indirectamente, bebe de esa fuente llamada sistema educativo.
Resulta indudable, que el sistema educativo tiene que tener su origen en la conformidad de todos los sectores afectados, es decir, gobierno, oposición, organizaciones sindicales, asociaciones de padres y madres, alumnos…, para así obtener un sistema que satisfaga a todos ellos, beneficiando, en definitiva al conjunto de la sociedad.
Por ello, solo a través de la interlocución y el diálogo, se debería establecer la nueva Ley de Educación renunciando a la ideologización política, corrigiendo los defectos y las carencias de leyes anteriores, utilizando el diálogo, el consenso y enmarcándose en un gran Pacto de Estado que dé estabilidad al sistema para varias generaciones.
