La Fundación Heritage en colaboración con The Wall Street Journal publica cada año el índice de libertad económica. Éste, que se creo en 1.995 desde una óptica conservadora, tiene como objetivo medir el grado de libertad económica en el mundo, y evalúa diez medidas económicas agrupadas en cuatro bloques: el estado de derecho: derechos de propiedad y libertad frente a la corrupción; el gobierno: libertad fiscal y gasto del gobierno; la eficiencia regulatoria: libertad de empresa, libertad de trabajo y libertad monetaria; y los mercados abiertos: libertad de comercio internacional, libertad de inversión y libertad financiera.
En 2015 se han evaluado las economías de 178 países, y sólo cinco han alcanzado una alta puntuación de libertad (80 puntos o más), lo que las sitúa en la posición de económicamente “libres”. Estos países han sido Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Australia y Suiza. Canadá, Chile, Estonia, Irlanda y Islas Mauricio completarían el top ten de libertad mundial.
Este índice, que cuando aparece año tras año sigue generando controversia desde ópticas contrarias al liberalismo, ofrece datos interesantes, no solo porque los inversores internacionales y nacionales lo utilizan para su toma de decisiones de inversión, sino porque se advierten tendencias de la actividad económica, productividad o empleo y se establecen guías para la intervención de los gobiernos.
España ocupa la posición 49, con una puntuación de 67,6, en la categoría de moderadamente libre. Si bien es cierto que en 2014 España experimentó su mayor incremento del PIB desde la recesión, la deuda se elevó a más del 90 por ciento del PIB, y la tasa de desempleo alcanzó niveles insostenibles, no en vano el desempleo juvenil se sitúa en torno al 55 por ciento.
Con independencia de la interpretación y conveniencia o no de los datos, se advierte como España ha empeorado el índice gracias al deterioro de seis de las diez libertades económicas evaluadas. En 2015, y con respecto a las que miden el estado derecho, se refleja la corrupción sistémica, generada durante los años de crédito fácil y auge económico, que ha ocasionado una erosión de la credibilidad institucional. El sistema judicial es lento y está politizado, lo que limita la reparación de los daños causados.
Dicho índice se evalúa los datos globales de las políticas del gobierno, como por ejemplo la tasa impositiva máxima sobre los ingresos individuales que es del 52 por ciento, la de sociedades del 30 por ciento, además de los impuestos de valor añadido y plusvalías, que hacen que la presión fiscal global esté en torno al 33 por ciento del PIB. Los gastos de las políticas públicas rondan el 45 por ciento del PIB mientras la deuda pública está en el 95 por ciento del PIB.
En cuanto a las leyes y eficiencia de su regulación, se observa entre otros que los requisitos para la obtención de licencias se han reducido y los procesos de quiebra de empresas se han agilizado. En cambio, las reformas del mercado laboral han hecho que sea menos costoso despedir a un trabajador permanente.
Por último, con respecto a la apertura de mercados, se desprende como España, al igual que la Unión Europea, está relativamente abierta al comercio exterior. Por su parte, la banca ha experimentado una profunda reestructuración y un cambio notable. El número de cajas de ahorros ha disminuido después de varias rondas de consolidación.
Una vez dibujado el mapa, cada gobierno debe decidir cómo intervenir para propiciar más oportunidades y mejores condiciones para trabajar, que se traducirán en una mejora de los indicadores globales de justicia, igualdad y calidad de vida. Hay que estructurar la sociedad para implicarla en los procesos y así alcanzar los resultados más óptimos, mejorar en competitividad a través de nuevas ideas, productos, servicios e innovaciones para progresar económica y socialmente.
Determinados índices, como esté, sirven para conocer el estado de la situación, que en el caso de España es malo. A partir de aquí entraríamos en el debate. Bajo mi punto de vista las sociedades cimentadas únicamente en la libertad económica no han demostrado un progreso social justo y equitativo. Es necesario establecer medidas de desarrollo social: salud, educación, protección del medio ambiente, o reducción de la pobreza.
La redistribución de recursos y la intervención de cada gobierno es la que hace que se produzcan resultados sociales más positivos y de progreso. Ejemplo de todo esto son las políticas del gobierno de España y de Extremadura, que han propuesto todo lo contrario y el resultado es el que vemos y tenemos, todo funciona peor, menos justicia, menos igualdad, etc., de vuelta al pan y circo.
