La prestación por desempleo, el subsidio, la renta activa de inserción y el plan Prepara conforman el sistema de protección por desempleo en nuestro país que se ha ido construyendo desde el diálogo social en las últimas décadas y que, por mandato constitucional, debe garantizar la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en el caso de desempleo.
La crisis que padecemos en Extremadura y en el conjunto del país y de la que aún somos rehenes no tiene antecedentes ni en la duración ni en la intensidad de sus efectos. Baste recordar que a principios de 2013 se alcanzaron máximos históricos de más de 184 mil extremeños desempleados y que a fecha de hoy nuestra tasa de paro sigue por encima del 32%.
En este contexto, los recursos del sistema de protección al desempleo se van agotando progresivamente, además de cambiar su naturaleza y cuantía. En esta evolución están influyendo esencialmente dos cuestiones: la duración de las dificultades económicas y determinadas modificaciones legales que se han adoptado en los últimos dos años, que han endurecido los criterios de acceso a las mismas.
En la actualidad sólo el 55,3% de los parados extremeños cobra algún tipo de prestación, esto es, hay 63.922 desempleados sin ningún tipo de prestación.
Asimismo, de las 79.065 prestaciones de abril de 2014 en Extremadura, solo el 30,37% (24.014) son contributivas cuando seis años antes suponía el 42,82% de las mismas; el derecho se va extinguiendo progresivamente, son más los que las terminan que los que las inician.
Por otro lado el subsidio (la ayuda familiar, como se llama popularmente) ha aumentado en casi 12 puntos porcentuales en ese mismo periodo pasando de acoger al 45,57% del total de prestaciones a suponer el 57,77% actualmente.
Si a ello se une el hecho de que las cifras de parados de larga duración están en niveles alarmantes con 63.500 extremeños con más de dos años en paro y 29.100 añadidos que llevan en desempleo entre 1 y 2 años, nos estamos enfrentando ya, y con más crudeza en los próximos meses si la economía no remonta, a una situación de desprotección desconocida hasta ahora.
Junto a esto hay que indicar otra situación no menos preocupante: la elevada precariedad del empleo que se está generando aquejado de temporalidad y parcialidad, que en un contexto regional como el nuestro con los salarios medios más bajos del país, incide en generar una nueva clase trabajadora pobre.
Miles de trabajadores entran y salen del mercado laboral extremeño como en una puerta giratoria. Extremadura es, según la estadística de flujos de la EPA de los últimos doce meses, la Comunidad Autónoma donde menor número de ocupados de un trimestre siguen trabajando en el trimestre siguiente, es decir, la de menor estabilidad laboral.
La extensión de este empleo precario, temporal, a tiempo parcial, involuntario y en muchas ocasiones fraudulento, aparte de provocar una detracción en las arcas de la seguridad social, está teniendo una incidencia estadística positiva: “en las listas del paro” hay menor número de personas. Sin embargo, trabajan bajo condiciones laborales tan degradadas que tienen un inmediato reflejo en las rentas de las familias y en los indicadores de desigualdad y pobreza. La sociedad extremeña está sufriendo una fractura que sólo la solidaridad familiar está paliando parcialmente.
Esta situación nos debe llevar a reflexionar de forma perentoria sobre el sistema de protección por desempleo desde el principio de suficiencia y universalidad e introducir mejoras en las prestaciones, en la duración en el tiempo, manteniéndose la protección mientras dure la situación de necesidad, como indica el mandato constitucional.
Junto a lo anterior la situación extrema de muchas familias obliga a plantear el fortalecimiento del sistema básico de protección social, en los procesos de exclusión social, ante el empobrecimiento y aumento inusitado de la desigualdad.
Desde UGT abogamos por el establecimiento de un sistema estatal de rentas mínimas: como derecho subjetivo, financiado mediante aportaciones públicas, duraderas mediante persista el estado de necesidad y con una cuantía mínima suficiente para tener una existencia apropiada (no solo biológica). Lo cual no es óbice para que, con carácter particular en el caso extremeño, se haga efectiva y de forma inmediata la Renta Básica de Inserción.
Cuando las prestaciones se agotan, la solidaridad debe sustanciarse con los más débiles. Por derecho. La beneficencia no basta.
