Este artículo comienza con datos y porcentajes, porque a veces las cifras sí ponen cara a la cruda realidad actual de una región como la extremeña.
Veintinueve de cada cien extremeños en disposición de trabajar están en paro. Veintinueve de cada cien extremeños, 314.393, están por debajo de la línea de la pobreza relativa, esto es, son estadísticamente pobres ya que tienen unos ingresos anuales por debajo de 6.797,29 euros.
El mayor porcentaje de los 115.993 hogares extremeños que son pobres están sustentados por una persona mayor de 65 años. La mayoría de esos hogares dependen de una pensión, prestación o subsidio. En Extremadura hay 60.777 personas en paro que no cobran prestación por desempleo.
Si el Gobierno de España tiene el dudoso mérito de haber colocado a nuestro país como la segunda nación europea con mayor desigualdad, el Gobierno de Extremadura lo tiene de que seamos la segunda región en España con mayor tasa de pobreza, y la tercera con mayor tasa de paro.
No se puede permanecer impasible ante estas cifras. Las políticas de gasto público son responsables de la redistribución de la riqueza y de combatir las desigualdades. Los servicios públicos, la protección social y las políticas de fomento del empleo, son los instrumentos básicos para lidiar contra la pobreza y las desigualdades. Pero eso no es prioritario, lo importante es bajar los impuestos. Olvidemos una fiscalidad justa y equitativa, pesa más la ideología a la hora de reformar el sistema tributario. Se erosiona por electoralismo la capacidad redistributiva de las distintas administraciones. En su ideario neoliberal, los servicios públicos de calidad son una entelequia, susceptibles de privatizarse a la menor oportunidad.
En el reciente veinticinco aniversario de la FEMPEX el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago animó a los ayuntamientos a disminuir la presión fiscal local como mínimo en cinco millones de euros, el uno por ciento de lo que recaudan estos entes locales en la región. Monago se dio el lujo de meter a todas estas entidades en un mismo saco al afirmar que los ayuntamientos tienen tipos impositivos altos y que por tanto, una vez que han equilibrado sus presupuestos, todos, "sin excepción", deberían de disminuir sus impuestos, tasas y precios públicos.
Este reparto de consejos envenenados resulta paradójico, viniendo del campeón del recorte y que ahora mismo tiene el déficit público desbocado. Pero ello no le impide embutirse en el traje electoral y repartir dádivas por doquier y regalos fiscales que no son suyos.
Los ayuntamientos han sido unos de los principales damnificados por las políticas de austeridad que venimos padeciendo en esta legislatura. La caída de ingresos ha tenido un efecto palpable en la reducción de servicios. Por ello, esta llamada a la rebaja de impuestos resulta ofensiva de quien no ha financiado debidamente los servicios municipales de los pueblos extremeños, propiciando el desempleo, la emigración y una agresión constante a los servicios de proximidad de nuestros conciudadanos, favoreciendo la desigualdad,degradando en conjunto el bienestar social, esto es, degradando la democracia.
En vez de hablar de financiación local, Monago devuelve la pelota a los municipios. En vez de favorecer la recuperación de los servicios recortados, propugna una menor imposición como si fuera la panacea de la recuperación. Él que impuso el canon del agua de forma indiscriminada, él que cerró consultorios locales, se olvida de los ciudadanos en peligro de exclusión y de la cobertura de los servicios sociales.
Vuelve el enfoque miope de la rebaja fiscal cuando en el momento actual sería necesario facilitar a las entidades locales mayores recursos para que puedan ofrecer una atención más eficiente a todas las necesidades básicas de la ciudadanía y dejar de tratarlos como ciudadanos de tercera. Es la administración local la que percibe la necesidad creciente y la angustia del paro de sus paisanos.
A nuestros gobernantes regionales se les llena la boca de frases rimbombantes y vacías sobre el empleo de calidad, sobre el emprendimiento, pero se olvidan del día a día de decenas de miles de extremeños que tienen dificultades serias y gravosas para afrontar gastos necesarios para mantener un mínimo nivel de vida, más allá de cuestiones básicas como el vestido y la alimentación. Las buenas voluntades del Gobierno extremeño ya no bastan. Se ha recortado tanto que los servicios sociales han perdido en los últimos años la calidad necesaria para afrontar estos desafíos.
Con un crecimiento económico apenas perceptible, una intensa degradación de la calidad del empleo, una deuda pública aumentando y un menor peso de las administraciones, se achican los espacios para la justicia social porque nuestros responsables políticos hacen dejación de responsabilidades, porque renuncian a ser el árbitro del partido de la igualdad, porque el interés general deja paso al interés partidario y partidista.
