Con 35 años recién cumplidos, muchas voces abogan por la reforma de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna. Algunos ponen múltiples impedimentos para tocar el Texto constitucional, son los mismos que parecen olvidar que hace apenas dos años, en septiembre de 2011 se reformó, casi con nocturnidad y alevosía, el artículo 135.
Soy de los que consideran que antes de cambiar la Constitución habría que hacer que se cumpliera porque, en la actualidad, ese contrato entre el Estado y la ciudadanía española está siendo vulnerado e incumplido en gran parte de su articulado por nuestros gobernantes que se están pasando la Constitución por el forro. Se les llena la boca de libertades y derechos y los están restringiendo como pueden y cuanto pueden.
Después de los últimos años, de la amplia normativa que se nos ha impuesto gracias a la dictadura financiera que padecemos, dónde queda el artículo 1, aquel que dice que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho? Algunos sólo vemos muy de tarde en tarde algún resquicio de esperanza en la existencia real de esta definición cuando algún heroico juez plantea una cuestión de inconstitucionalidad. Lo demás es papel mojado, lo que pudo haber sido y no fue.
Qué hacemos con el artículo 2 que enuncia que la soberanía nacional reside en el pueblo español? Lo dejamos en simple buenismo? En sus memorias, el expresidente Zapatero publica la carta que el 5 de agosto de 2011 recibió del Banco Central Europeo. Esa carta con olor a espinas, como dice la canción, contenía un auténtico programa de gobierno, un conjunto de instrucciones que el Gobierno español debía cumplir cual pelele si no quería ser destituido y sustituido por un gobierno técnico. Visto lo visto, no sé si hubiera sido peor. El caso es que esa carta ha determinado toda la política económica desde entonces hasta ahora, pasando por lo meses de agonía socialista hasta el entusiasmo recortador de Rajoy que hizo suyo su contenido al pie de la letra y lo convirtió en su ideario programático.
Si no la han leído, léanla. Sabrán el porqué de las cosas que nos han pasado. Se indignarán, pero podrán comprobar con estupor como punto por punto se han ido cumpliendo todas las exigencias del Banco Central Europeo. Cómo la hoja de ruta se ha seguido rigurosamente. En líneas generales el BCE imponía un abaratamiento del despido, un descenso de los salarios, el abandono del IPC como instrumento de revalorización de sueldos y pensiones públicas junto con recortes suficientes para asegurar el cumplimiento del objetivo de déficit público. Dicho y hecho.
Esa carta es el mejor ejemplo de intervencionismo externo de un organismo supuestamente independiente que en un ejercicio escasamente democrático y sobrepasando ampliamente sus atribuciones, da órdenes explícitas a un Gobierno democrático y a un Parlamento soberano. Ni siquiera la situación traumática que vivían entonces las finanzas españolas la justifica. Esa carta fue y sigue siendo un chantaje, una humillación y una ofensa para el pueblo español. Sería un delito como el que quiere tipificar el ministro Fernández en su ley mordaza.
Pero también esa epístola es el mejor ejemplo de realismo político: las decisiones no se toman ya aquí, en el Congreso de los Diputados o en Moncloa. La política monetaria está en manos del Banco Central Europeo y la escasa política fiscal que puede hacer Montoro está bajo la tutela de Bruselas. El mando no está en nuestras manos ni en nuestros votos.
Se entiende así como nuestros gobernantes toman decisiones contra la mayoría, exprimiendo hasta la extenuación, sin consultar actuaciones que no figuran en programas electorales. En este contexto de ataque al Estado de Bienestar resulta una ironía leer el art. 128.1 de la Constitución cuando establece que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general, o el art 128.2 que reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Parece una broma con las tasa de paro y de pobreza que padecemos.
En el protectorado en el que nos hemos convertido, celebrar una Constitución tan difuminada en lo esencial resulta una paradoja. Sólo queda que la parte de la sociedad española que parece callar y otorgar ante cualquier desmán despierte del miedo y del letargo de la crisis y comience ejercer sus derechos y a pedir explicaciones.
Envidio el coraje de otros pueblos que salen a la calle para no alejarse de Europa, mientras que los que estamos dentro cuestionamos la perversión del proyecto europeo. Dentro de seis meses habrá elecciones al Parlamento Europeo. Los ciudadanos no muestran su desafección institucional mandando avisos por carta, puede que se hagan oír mediante la abstención o que directamente saquen la tarjeta roja.
Con 35 años recién cumplidos, muchas voces abogan por la reforma de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna. Algunos ponen múltiples impedimentos para tocar el Texto constitucional, son los mismos que parecen olvidar que hace apenas dos años, en septiembre de 2011 se reformó, casi con nocturnidad y alevosía, el artículo 135.
Soy de los que consideran que antes de cambiar la Constitución habría que hacer que se cumpliera porque, en la actualidad, ese contrato entre el Estado y la ciudadanía española está siendo vulnerado e incumplido en gran parte de su articulado por nuestros gobernantes que se están pasando la Constitución por el forro. Se les llena la boca de libertades y derechos y los están restringiendo como pueden y cuanto pueden.
Después de los últimos años, de la amplia normativa que se nos ha impuesto gracias a la dictadura financiera que padecemos, dónde queda el artículo 1, aquel que dice que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho? Algunos sólo vemos muy de tarde en tarde algún resquicio de esperanza en la existencia real de esta definición cuando algún heroico juez plantea una cuestión de inconstitucionalidad. Lo demás es papel mojado, lo que pudo haber sido y no fue.
Qué hacemos con el artículo 2 que enuncia que la soberanía nacional reside en el pueblo español? Lo dejamos en simple buenismo? En sus memorias, el expresidente Zapatero publica la carta que el 5 de agosto de 2011 recibió del Banco Central Europeo. Esa carta con olor a espinas, como dice la canción, contenía un auténtico programa de gobierno, un conjunto de instrucciones que el Gobierno español debía cumplir cual pelele si no quería ser destituido y sustituido por un gobierno técnico. Visto lo visto, no sé si hubiera sido peor. El caso es que esa carta ha determinado toda la política económica desde entonces hasta ahora, pasando por lo meses de agonía socialista hasta el entusiasmo recortador de Rajoy que hizo suyo su contenido al pie de la letra y lo convirtió en su ideario programático.
Si no la han leído, léanla. Sabrán el porqué de las cosas que nos han pasado. Se indignarán, pero podrán comprobar con estupor como punto por punto se han ido cumpliendo todas las exigencias del Banco Central Europeo. Cómo la hoja de ruta se ha seguido rigurosamente. En líneas generales el BCE imponía un abaratamiento del despido, un descenso de los salarios, el abandono del IPC como instrumento de revalorización de sueldos y pensiones públicas junto con recortes suficientes para asegurar el cumplimiento del objetivo de déficit público. Dicho y hecho.
Esa carta es el mejor ejemplo de intervencionismo externo de un organismo supuestamente independiente que en un ejercicio escasamente democrático y sobrepasando ampliamente sus atribuciones, da órdenes explícitas a un Gobierno democrático y a un Parlamento soberano. Ni siquiera la situación traumática que vivían entonces las finanzas españolas la justifica. Esa carta fue y sigue siendo un chantaje, una humillación y una ofensa para el pueblo español. Sería un delito como el que quiere tipificar el ministro Fernández en su ley mordaza.
Pero también esa epístola es el mejor ejemplo de realismo político: las decisiones no se toman ya aquí, en el Congreso de los Diputados o en Moncloa. La política monetaria está en manos del Banco Central Europeo y la escasa política fiscal que puede hacer Montoro está bajo la tutela de Bruselas. El mando no está en nuestras manos ni en nuestros votos.
Se entiende así como nuestros gobernantes toman decisiones contra la mayoría, exprimiendo hasta la extenuación, sin consultar actuaciones que no figuran en programas electorales. En este contexto de ataque al Estado de Bienestar resulta una ironía leer el art. 128.1 de la Constitución cuando establece que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general, o el art 128.2 que reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Parece una broma con las tasa de paro y de pobreza que padecemos.
En el protectorado en el que nos hemos convertido, celebrar una Constitución tan difuminada en lo esencial resulta una paradoja. Sólo queda que la parte de la sociedad española que parece callar y otorgar ante cualquier desmán despierte del miedo y del letargo de la crisis y comience ejercer sus derechos y a pedir explicaciones.
Envidio el coraje de otros pueblos que salen a la calle para no alejarse de Europa, mientras que los que estamos dentro cuestionamos la perversión del proyecto europeo. Dentro de seis meses habrá elecciones al Parlamento Europeo. Los ciudadanos no muestran su desafección institucional mandando avisos por carta, puede que se hagan oír mediante la abstención o que directamente saquen la tarjeta roja.
