La semana pasada han sido Monago e Ignacio González, hace quince días fue Feijóo. Causa sonrojo y estupefacción esta nueva carrera a la baja del sistema impositivo en la que han entrado las Comunidades gobernadas por el Partido Popular. La ciudadanía tiene una flaca memoria pero ahí está la hemeroteca, por lo que no deja de sorprender que en un plazo inferior a un año se instauren nuevos impuestos como hizo Monago en Extremadura con el canon del agua y pocos meses después se anuncien rebajas de impuestos, un nuevo picoteo fiscal de efectos muy limitados en cuanto al universo afectado, pero con evidente impacto populista.
No hay que olvidar que a la crisis que seguimos padeciendo también nos llevó una carrera alocada de todos los partidos para extender exenciones tributarias sin sentido y rebajas de tarifas a las rentas más altas.
Ahora, mientras siguen los recortes en los servicios públicos, se dejan de ingresar millones de euros por un simple afán electoralista, para evitar la erosión que sufre el Gobierno Central. Es incierta la pretendida contribución a la recuperación económica que se le atribuye a estas rebajas fiscales, aún peor, es un error a sabiendas de que no son un cimiento suficiente para el crecimiento económico y, además, son contraproducentes para la solidaridad interterritorial.
Las sucesivas reformas fiscales que se han venido realizando en nuestro país han ido en contra de los de abajo y procurando privilegios fiscales para los de arriba. El continuo vaivén de los últimos años incluye un pretendido desprecio hacia los impuestos y a la función social que cumplen. Se banalizan tanto las subidas de los impuestos (“recargos temporales de solidaridad”) como las amnistías fiscales (“regularización de activos ocultos”) que pareciera que los tributos son algo de quita y pon.
Ahora se prometen bajadas de gravámenes precisamente por quien más lo han subido. Recortan impuestos los mismos que recortan la Administración y el Estado del Bienestar y lo mismos que hacen que el endeudamiento público alcance máximos históricos. Luego dirán que no hay alternativas mientras procuran la merma del Estado y el trasvase de negocio al sector privado.
Detrás de estos movimientos políticos lo que hay es mucha demagogia y un continuo poner en entredicho el sistema fiscal que no nos olvidemos es la base de los servicios públicos esenciales y es el principal mecanismo redistribuidor de riqueza.
Toda acción conlleva una consecuencia: No hay que caer en el espejismo de una bajada de 40 euros anuales cuando lo que verdaderamente importante es el beneficio de los servicios que se sufragan con los recursos que reportan. Cómo no vincular estas rebajas con, por ejemplo, la anunciada no renovación de 32 médicos del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz? Menos es más en todos los ámbitos: “Un mayor número de médicos no implica una mejor asistencia sanitaria” afirma el SES. Nos toman por tontos.
Las modificaciones tributarias no benefician ni perjudican a todos por igual ni de la misma manera. Decir lo contrario es mentir. A cada contribuyente le afecta de una manera distinta. Por ello resulta posible bajar impuestos, inducir una menor recaudación, hacer crecer la presión fiscal y provocar una mayor desigualdad social.
Lo que estamos viendo en los últimos movimientos fiscales es una apuesta por la regresividad: Menos impuestos directos sobre el trabajo y el ahorro y más impuestos indirectos sobre el consumo.
La base recaudatoria extremeña es ciertamente limitada. Flaco favor se le hace con estas rebajas fiscales de “pimpampum”. El camino de las exenciones fiscales en tiempo de crisis no parece lógico ni útil.
Menos es más, es lo que expresa la curva de Laffer tan querida por los neoliberales: se bajan los tipos fiscales, la gente tiene más dinero para gastar o para ahorrar (en cuyo caso se invierte), así que la economía crece más, y se recauda más. En teoría está bien, en la práctica se traduce en bajar los impuestos a los que más tienen para que inviertan con más ventajas y sin riesgos. Sin embargo, esto no funciona en medio de una crisis fiscal como la que vivimos en la que gran parte de los impuestos actuales no dan más de sí, funcionan a medias o son un coladero para el fraude.
Parece evidente la necesidad de una reforma fiscal integral que aporte un mayor grado de justicia social redistributiva, a través de un sistema fiscal fundamentado en los principios de suficiencia, equidad y progresividad, que permita financiar las distintas políticas de gasto, y que posibilite, además, que rentas iguales paguen lo mismo, y que proporcionalmente paguen más quienes de más recursos económicos dispongan. A este respecto no resulta eficaz ni pedagógica la práctica supresión de impuestos como el de Patrimonio o el de Sucesiones. La reciente aplicación de amnistías fiscales ha representado una legitimación del fraude fiscal.
Decía el ministro Montoro en 2011 que entonces no era momento para “demagogias fiscales”. Ni entonces ni ahora. Lo que toca es revisar el sistema fiscal extremeño en su conjunto desde el rigor y sin oportunismos. Lo que conviene es mejorar la capacidad de recaudación tributaria para que las distintas administraciones dispongan de los medios suficientes para llevar adelante sus funciones de forma eficaz en pos del desarrollo y la cohesión social de Extremadura.
