Desgraciadamente, el afán reformista de nuestro Gobierno no cesa y tenemos en la reforma planteada en la administración local el último y doloroso ejemplo.
Esta reforma que ahora se debate en la Cámara Baja no es otra cosa que un ataque a la autonomía local que consagra la Constitución, una agresión brutal a los servicios de proximidad al ciudadano, en definitiva, un proyecto que deteriora la calidad de nuestra democracia al ir contra el modelo de bienestar y concordia que venimos disfrutando en las últimas décadas.
Con base en un criterio exclusivamente economicista se pretende cercenar las corporaciones locales que, en general, han venido satisfaciendo de manera adecuada las demandas ciudadanas más acuciantes pese a la indefinición legislativa sobre la financiación municipal.
La reforma planteada es incongruente con lo que argumenta. Ni racionaliza la estructura organizativa según los principios de eficiencia y equilibrio financiero, ni clarifica las competencias municipales, ni ahorrará dinero público. El ahorro -según el Gobierno- de 8.000 millones de euros mucho nos tememos que será solo factible por la vía de nuevos recortes en recursos, servicios y empleo público. Lo que en principio eran loables objetivos se retuercen y pervierten intentando reducir a los ayuntamientos a meras oficinas administrativas y propiciando la privatización de los servicios locales.
La necesaria reforma de las Haciendas Locales se convierte en este proyecto en el sometimiento de la administración local a los recortes y al tutelaje de la administración autonómica. Más que quitar duplicidades y competencias impropias, dará paso a la eliminación de competencias tan relevantes como educación, salud o servicios sociales ya que ahora las Comunidades Autónomas podrán decidir la prestación de un servicio municipal sin la correspondiente partida presupuestaria.
Tengo que denunciar que estamos ante un capítulo importante de los recortes a las administraciones públicas, en beneficio de los intereses económicos privados. La gestión de lo público quedará por esta ley más subsidiada a la iniciativa privada, pasando a un segundo plano el beneficio y la rentabilidad social de los servicios públicos.
Los servicios municipales no solo no mejorarán sino que serán más caros para los ciudadanos o se eliminarán según el caso. Desaparecerán servicios públicos municipales tales como los relacionados con la atención a personas en situación de necesidad social, dependencia, personas con discapacidad o desempleados sin subsidio.
También se esfumarán servicios de salud municipal, paralizándose algunos programas de desarrollo de salud pública que los Ayuntamientos estaban llevando a cabo como la atención a personas mayores, a personas drogodependientes, apoyo a asociaciones de enfermos y servicios educativos como las escuelas para adultos, la educación infantil de 0 a 3 años o escuelas de danza, teatro y música, siendo la Comunidad Autónoma la competente en estas cuestiones y quien decidirá qué servicios se van a mantener y en qué municipios.
Esta reforma ataca, además, el principio de igualdad porque pretende suprimir las competencias de los Ayuntamientos en esta materia. Se va a impedir que los Ayuntamientos lleven a cabo programas como por ejemplo los de atención a víctimas de violencia de género o los que promueven la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. En algunos ayuntamientos también se eliminarán los servicios de orientación laboral y de formación para el empleo cuando son más necesarios que nunca. Estamos, pues, ante una reforma que va perjudicar a cientos de miles de ciudadanos que viven en localidades pequeñas; principalmente del ámbito rural.
En conjunto la resultante de esta reforma serán nuevos despidos en el sector público, completando así el efecto devastador de la reforma laboral impuesta por el Gobierno y que ha facilitado los despidos objetivos en las Administraciones Públicas. En los dos últimos años se han perdido 7.000 puestos de trabajo en el sector público en Extremadura.
Este proyecto de Ley es claramente inconstitucional ya que vulnera la autonomía local reconocida en el artículo 140 de la Constitución Española y la Carta Europea de la Autonomía Local a la vez que choca frontalmente con varios Estatutos de Autonomía, como el de Extremadura que recoge explícitamente la competencia exclusiva en régimen local. No puede ser que el desarrollo legislativo lleve a cabo de forma encubierta un proceso recentralizador de competencias.
En consecuencia, a mi parecer sería recomendable abordar un amplio proceso de diálogo social y político que diera lugar a una definición clara de las Administraciones Públicas, que mantuviera el equilibrio competencial entre las mismas. En el actual contexto es preciso avanzar en la supresión de las posibles duplicidades, de forma racionalizada pero sin eliminar los servicios públicos.
Sería muy deseable una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local con un gran pacto político que comprometa a todas las Administraciones con base en las competencias determinadas en los Estatutos de Autonomía, incrementando la distribución de ingresos del Estado y de las CC.AA. hacia las Entidades locales para garantizar y mejorar la ejecución y prestación de sus competencias, redefiniéndolas ya que durante años han asumido programas y actuaciones sobre materias más allá de su ámbito competencial.
Ello debería ir unido a una nueva Ley de financiación local. Una reforma financiera que garantizara la suficiencia de recursos para las entidades locales. Esto implica necesariamente que las CC.AA. cumplan el mandato constitucional de contribuir a la financiación de los Ayuntamientos mediante la participación en los ingresos autonómicos.
Hasta hace unos años reformar se entendía como sinónimo de cambio y de progreso. En los últimos tiempos reformar equivale a recortar y suprimir. El papel de los Ayuntamientos en el periodo democrático ha sido, con sus luces y sombras, imprescindible para nuestro desarrollo y convivencia. Este proyecto de Ley lo pone en cuestión, así lo entienden miles de regidores de todos los partidos y por ello debe ser retirado.
FRANCISCO CAPILLA PIZARRO
SECRETARIO GENERAL
UGT EXTREMADURA
