Defensor del Pueblo se reúne con Colegios de Educadores para tratar sus condiciones

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El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se reunirá este miércoles se reunirá con el Consejo de Colegios de Educadores para tratar las condiciones de trabajo de estos profesionales tras el asesinato de una educadora social en un piso tutelado de Badajoz.

Ante este caso, Gabilondo ha recordado que la institución ha abierto una actuación de oficio con la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y con la Fiscalía General del Estado por el asesinato de esta profesional presuntamente a manos de tres menores.

"Una vez se reciba la información que hemos solicitado, nosotros tenemos que estudiarla y valorarla", ha subrayado Gabilondo en rueda de prensa este martes en Madrid en la presentación del Informe Anual de la institución.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo ha pedido valorar las circunstancias que "no son fáciles" en que desarrollan su trabajo los empleados de los centros para menores infractores.

"En muchos casos, como queda dicho en este informe, se detectan problemas estructurales de organización, de plantillas de personal no siempre suficientes, y ello también afecta a su trabajo y a su seguridad", ha remarcado.

Así, y ante la propuesta que ha registrado Vox para reducir de 14 a 12 la edad penal de los menores, el Defensor del Pueblo no cree que "bajando la edad" se vaya a afrontar el problema; ha precisado que son asuntos "de tal calibre" que los parlamentarios son los que deben dilucidar sobre ellos y ha recomendado la serie 'Adolescencia'.

MÁS DE 34.000 QUEJAS

Cabe destacar que el Defensor del Pueblo recibió un total de 34.402 quejas de los ciudadanos en 2024, 524 menos que en 2023 (cuando fueron 34.926), la mayoría de ellas relacionadas con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social, la Función Pública, asilo, migraciones, asuntos de Interior, Educación, Economía o Sanidad.

Así se refleja en el Informe Anual de la institución, que el Defensor del Pueblo ha entregado este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y que también entregará al presidente del Senado, Pedro Rollán.

Según ha explicado Gabilondo, entre las quejas recibidas merecen singular consideración la preocupación social, por distintas razones, los problemas relativos a la vivienda, el medio ambiente, los asuntos relativos a menores (citados "en 162 ocasiones"); la migración, los servicios bancarios y las personas vulnerables, o la violencia vicaria y de género.

En concreto, según se desprende del informe de 400 páginas, en 2024, la institución tramitó 34.629 expedientes -974 menos que en 2023-, tras recibir 34.402 quejas, 42 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional e inició 185 actuaciones de oficio ante las diferentes administraciones. Además, atendió personalmente a 35.733 ciudadanos, 34.115 de ellos mediante llamadas telefónicas y 1.618 de manera presencial.

Los expedientes tramitados dieron lugar a la formulación de 2.501 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 1.190 fueron recomendaciones, 843 fueron sugerencias, 464 fueron recordatorios de deberes legales y cuatro, advertencias.

El mayor número de quejas llegó de las comunidades más pobladas, entre ellas, de las comunidades de Madrid (8.031), Andalucía (4.155), Cataluña (3.441) y Valencia (3.231), mientras que de Extremadura ha recibido 441.

Además, el Informe anual incorpora una selección de los asuntos destacados sobre los que ha trabajado la institución en 2024, entre otros, la falta de recursos específicos de salud mental para adolescentes y jóvenes; el apoyo a las familias de personas con discapacidad en los ámbitos tributario y social; la protección de las mujeres mayores víctimas de violencia de género; los problemas relacionados con la usurpación de identidad, o los procedimientos de reintegro de prestaciones a beneficiarios en situación de vulnerabilidad.

LISTAS DE ESPERA EN LA SANIDAD

Igualmente, el Defensor del Pueblo ha enumerado otros temas sobre los que fueron aceptadas sus recomendaciones en su momento, pero que no acaban de solucionarse como "las dilaciones judiciales, las homologaciones de los títulos universitarios extranjeros, las listas de espera en consultas sanitarias y en pruebas diagnósticas, las listas de espera quirúrgicas, el procedimiento de atención al ciudadano a través de citas previas o los retrasos en expedientes de nacionalidad", entre otros.

Asimismo, el informe refleja los problemas de emancipación de los jóvenes por las dificultades para acceder a una vivienda, retrasos en las ayudas habilitadas a través del Bono Alquiler, quejas sobre desahucios --las actuaciones en relación a este asunto casi se han duplicado--, molestias derivadas de las viviendas turísticas y quejas sobre las resoluciones de las solicitudes y reclamaciones que tienen que ver con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Gabilondo también ha añadido que los ciudadanos reclaman "una Administración más ágil y eficaz". "La buena Administración, reitero, es un desafío fundamental para el fortalecimiento y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, y resulta clave para la confianza de las instituciones que son un factor decisivo para el fortalecimiento de la democracia", ha subrayado.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha advertido de que "continúa sin resolverse la situación de la Cañada Real Galiana", donde 4.000 vecinos, 1.800 de ellos niños y niñas, siguen sin luz. Esta falta de suministro eléctrico, según ha precisado Gabilondo, ha de "resolverse en tanto llegue la solución habitacional que corresponda a estos vecinos".

"ARRANCAMIENTO" DE MENORES

El Defensor del Pueblo también ha reclamado una buena coordinación entre las Administraciones, Fuerzas de Seguridad y la Protección del Poder Judicial "para una adecuada atención a las víctimas de violencia de género" y pide que las actuaciones de la Policía en procesos de "arrancamiento" en guardia y custodia de hijos menores de edad, en ejecución de mandatos judiciales, se hagan "siempre en interés de los menores, adoptando las medidas menos lesivas para ellos".

Por otro lado, el informe recoge la actividad realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP).

En este sentido, revela que, en 2024, el MNP llevó a cabo 26 visitas a lugares de privación de libertad que dieron lugar a 203 recomendaciones, 300 sugerencias y 11 recordatorios de deberes legales.

COMPROMISOS CONJUNTOS DE IGLESIA Y ESTADO ANTE LOS ABUSOS

Asimismo, en el documento se hace referencia a la actualización del informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. El informe fue debatido en 2024 tanto en Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo como en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Precisamente, preguntado por la solicitud registrada este martes por PSOE y Sumar para constituir una subcomisión de estudio en el Congreso sobre los abusos sexuales a menores acaecidos en el seno de la Iglesia, el Defensor del Pueblo ha constatado que "siguen pendientes esas recomendaciones y esas conclusiones" que recogió en su informe 'Una respuesta necesaria' y ha asegurado que "las víctimas están en algunos casos desconcertadas, en otros, incómodas y, en otros, disgustadas".

Por ello, ha pedido a la subcomisión que echará a andar en el Congreso que "se centre" en sus recomendaciones para que, "tras un debate sobre ellas, adopten las medidas que estimen oportunas". Además, ha añadido que considera "indispensable, por el bien de las víctimas, que Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos".