20 marzo 2023 | Publicado : 14:03 (20/03/2023) | Actualizado: 16:34 (20/03/2023)
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El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha subrayado que todas las marcas intervenidas en el caso del aceite de oliva intervenido en las últimas semanas en la región proceden de fuera de Extremadura, por lo que ha señalado que los consumidores se pueden "fiar" de los productos comercializados por las almazaras de la comunidad autónoma.
Vergeles, que ha recomendado a los consumidores mantener la "precaución", ha señalado que en las últimas horas no se ha detectado el fraude en nuevas marcas más allá de las divulgadas hasta la fecha, cuyo consumo no está recomendado.
Se trata, cabe recordar de las marcas Acebuche, Virgen del Guadiana, Cortijo del Oro, La Campiña de Andalucía, Galiaceite 2022, La Abadía, Villa de Jerez, Don Jaén Aceite 2019, Imperio Andaluz, La Esmeralda y Vareado, de las que se han intervenido 18.000 litros.
Marcas sobre las que se han tomado más muestras por los técnicos de Salud Pública, lo que ha motivado que se hayan diversificado los laboratorios que las están analizando, con el objetivo de recibir los resultados "cuanto antes".
A preguntas de los periodistas sobre este asunto en Guareña, donde ha visitado los terrenos cedidos por el ayuntamiento para el Centro de Convalecencia y Cuidados Continuados para personas mayores en situación de dependencia, ha asegurado que todas estas marcas son fuera de la región.
Vergeles, que ha reconocido que este asunto "empieza a afectar al ámbito reputacional", ha remarcado que en Extremadura no hay ninguna marca sujeta al fraude que está investigando el Seprona de la Guardia Civil, por lo que supone una "buena oportunidad para reconocer el trabajo" que se realiza en las almazaras de la comunidad.
El consejero, quien ha señalado que los primeros análisis han confirmado la utilización de aceite lampante, ha subrayado asimismo que "bastantes"*garrafas tenían menos cantidad de la viene reflejada en la etiqueta, por lo que se sigue investigando si el "fraude que ya sabemos que existe se acompaña de un delito contra la salud pública".
