26 diciembre 2024
Ep
El Gobierno ha lanzado un proyecto de Real Decreto en el que propone adaptar la regulación de las renovables a las nuevas condiciones del mercado eléctrico y facilitar la gestión del sistema, proponiendo, además, un nuevo orden de prioridad de evacuación de la generación a la red eléctrica con el objetivo de fomentar el almacenamiento.
En concreto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto a información pública, hasta el próximo 24 de enero, este proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos (Recore).
Según informó el gabinete dirigido por Sara Aagesen, la propuesta normativa "busca adaptar una regulación diseñada hace una década a las nuevas condiciones del mercado eléctrico, trasponer legislación europea y fomentar la integración en el sistema eléctrico de tecnologías que aporten gestionabilidad y flexibilidad".
España es la primera gran economía europea en el que las renovables representan más del 50% del 'mix' de generación y la aceleración del proceso de transición energética precisa ajustes para adaptar el marco normativo a las nuevas condiciones del mercado eléctrico.
Adicionalmente, el Ministerio señaló que resulta conveniente introducir modificaciones y mejoras de índole técnico a la regulación del Recore y de otros ámbitos, como las Garantías de Origen de la electricidad, que permitan seguir aprovechando las ventajas de la generación renovable a la hora de incrementar la competitividad y la sostenibilidad de la economía.
Y es que, en la actualidad, el sector eléctrico se está enfrentando a nuevos retos derivados de esa alta penetración de las energías renovables, los cuales han tenido consecuencias de particular relevancia este mismo año, en el que el porcentaje de vertidos de energía se ha incrementado sustancialmente y los precios del mercado mayorista se han reducido de forma notable en determinadas horas, alcanzando incluso valores negativos por primera vez en su historia.
Por ello, señala el Ministerio en su memoria del análisis de impacto normativo, que estos retos "motivan la realización de ciertos ajustes en el régimen retributivo específico que permitan a las instalaciones con derechos económicos adaptarse a la nueva situación del sector eléctrico".
De esta manera, con el objetivo de fomentar el almacenamiento, una de las tecnologías clave para facilitar dicha gestión, la propuesta normativa incluye un nuevo orden de prioridad para la evacuación de la electricidad a la red en condiciones económicas de igualdad, que ahora solo prevé la prioridad de la generación renovable.
En concreto, este orden de prioridad será el de las instalaciones de energía renovable, incluyendo las que incorporen sistemas de almacenamiento, seguido de las de cogeneración de alta eficiencia, las de bombeo puro y de almacenamiento energético independiente y el resto de tecnologías.
Para facilitar la gestión del sistema eléctrico, la propuesta también plantea que todas las instalaciones de almacenamiento y demanda conectada a la red de transporte con una potencia superior a 5 megavatios (MW) -0,5 MW en los sistemas no peninsulares- deban adscribirse a un centro de control antes del 1 de enero de 2026.
SE ADAPTA PARA TENER EN CUENTA LAS HORAS DE PRECIOS NEGATIVOS.
Además, con el objetivo de que el nuevo entorno de precios bajos no afecte a la rentabilidad garantizada del Recore, el régimen retributivo se adapta para tener en cuenta las horas de precios negativos -incorporadas a las reglas del mercado por la CNMC-, la energía no vendida por restricciones técnicas o la menor participación de centrales que, siendo claves para cubrir las horas de mayor demanda, ven reducidas sus horas equivalentes de funcionamiento en determinados momentos en un contexto de elevada penetración renovable.
Por otra parte, trasponiendo normativa europea y cumpliendo lo establecido en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, se incorpora el principio de la jerarquía de los residuos a la normativa sectorial y se establece la obligación de certificar la recogida separada de residuos para que la incineración pueda percibir el Recore.
Además, se establece que la retribución de las plantas de tratamiento se ajustará en función del porcentaje de combustible que no acredite dicha recogida separada a partir del 1 de enero de 2026.
