26 julio 2024
Representantes de UPA-UCE Extremadura se han reunido hoy con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para presentarle sus propuestas en relación con la situación de los migrantes en los pueblos.
Se trata del primer encuentro que celebra una organización agraria con un ministerio con competencias que son, a juicio de UPA, de "enorme importancia" para la vida en los pueblos y las actividades que en ellos se desarrollan.
Así, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha señalado que las explotaciones agrícolas y ganaderas tienen una necesidad creciente de contratar a personas migrantes como mano de obra.
Según Huertas, "las explotaciones familiares, pequeñas y medianas, son las que sufren mayores dificultades a la hora de hacer contrataciones de campaña, pues sufren la competencia de explotaciones más grandes".
La vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas, ha resaltado que "año tras año las campañas que más mano de obra requieren están más tensionadas", por lo que ha valorado que con esta reunión se abre "una vía de trabajo y colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones", cuyo papel es imprescindible".
Este trabajo continuará en septiembre con una jornada de trabajo que se celebrará previsiblemente en Cáceres.
REFORMA DEL REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA
UPA considera que en la reforma del Reglamento de Extranjería, que en estos momentos se encuentra en la fase de información pública, deben aportarse soluciones a las personas migrantes que desean vivir y trabajar en las zonas rurales en España.
"Debemos reforzar el arraigo", aseguran desde la organización, que señala que "la agricultura, la ganadería y el medio rural en su conjunto necesitan nuevos pobladores", como son trabajadores y familias que quieran quedarse y que vean en la agricultura un sector en el que trabajar y sustentar sus proyectos de vida".
La organización agraria va a remitir alegaciones al reglamento de Extranjería para aportar soluciones a la situación de familias que pueden estar en situación irregular en los pueblos. Una labor en la que es imprescindible la colaboración de todas las Administraciones, y especialmente la Administración local.
