29 enero 2024 | Publicado : 11:04 (29/01/2024) | Actualizado: 16:34 (29/01/2024)
Los servicios jurídicos de Ecologistas en Acción de Extremadura están estudiando la posibilidad de presentar una querella contra el Ejecutivo extremeño presidido por Guillermo Fernández Vara por haber dictado varias resoluciones administrativas en relación con el regadío de Tierra de Barros "a sabiendas" de que el proyecto era "inviable" y "carecía de sustento legal alguno".
Además, el colectivo ecologista entiende que, a pesar de que la Junta "se había comprometido con Bruselas en no sacar el proyecto de regadío adelante", iniciaron los procesos expropiatorios para llevarlo a cabo, habiendo sufragado "importantes cantidades de dinero, no solo en funcionarios dedicados al proceso de expropiaciones, sino que además se pagó con dinero público a los propietarios los depósitos de ocupación previa de los terrenos que iban a ser expropiados", lo cual "podría constituir un delito de malversación de caudales públicos".
Así pues, a través de una nota de prensa, Ecologistas en Acción ha recordado que "criticó desde el primer momento" este proyecto al considerar que "no tenía ningún sentido desde un punto de vista económico", ya que "ni siquiera se había planteado un proceso de concentración parcelaria necesario para facilitar el regadío", ni tampoco "medioambiental".
"Y ello cuando la escasez de agua en el pantano de Alange y en la presa de los Molinos impedía cualquier proyecto de regadío, aunque fuese de apoyo, como se decía por parte de la Comunidad de Regantes y el propio gobierno autonómico de Fernández Vara", ha recalcado.
De hecho, ha apuntado la asociación ecologista, el tramo existente entre la presa de los Molinos y el pantano de Alange "prácticamente está seco durante todo el año por la falta de agua", con lo que, como ha asegurado, incumple así la Confederación Hidrográfica del Guadiana la "obligación de mantener el caudal ecológico necesario para la subsistencia de especies animales y vegetales en el entorno de los, aproximadamente, 40 kilómetros que distan entre una presa y otra".
Por ello, ha insistido en que ya alertaba Ecologistas en Acción de Extremadura que este proyecto era una "auténtica estafa política" y que los agricultores que se involucrasen en el mismo "podrían perder las inversiones que realizaran".
"La asociación conservacionista sigue sin entender cómo la Confederación Hidrográfica del Guadiana no ha tenido la seriedad y transparencia suficientes para advertir de que no había previsión hídrica para el proyecto de regadío en Tierra de Barros en el actual Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana", ha sentenciado.
