Parece un hecho evidente, a base de los datos que emanan del Instituto Nacional de Estadística, que en España existen unos claros hechos diferenciales de unas Comunidades Autónomas, aunque la Constitución señale que todos los españoles somos iguales ante la ley.
Un hecho basado en cifras reales, como se pone de manifiesto, por ejemplo, en las diferencias de la renta per cápita, de las pensiones, de la ubicación de empresas, de los salarios, de las actuaciones y previsiones de los Gobiernos en diferentes materias, y, sobre todo, en la sangría migratoria. Datos y cifras, como hemos dejado constancia en otros artículos, de que Extremadura es una región perdedora en todos estos índices.
Y no es solo la serie de desastres ferroviarios actuales en Extremadura. Nuestra región cuenta hoy, prácticamente, con la misma población que hace un siglo. Y ahí están los datos publicados hace unos días por el INE en el sentido de que en los próximos quince años, que están a la vuelta de la esquina, nuestra Comunidad perderá 70.789 personas más, en una continuada serie de despropósitos, desatinos y desaciertos del tándem que forman, habitualmente, ayer y hoy, los Gobiernos central y autonómico. Sin distinción de colores políticos. Lo que aún resulta bastante más grave.
Pero hay algo peor tras estas alarmantes cifras de la nueva riada migratoria extremeña que prevé el INE. Y es que esos emigrantes son, como siempre, los brazos jóvenes, precisamente los que más necesita la región –que no debería de abandonar nadie a la fuerza-- en la desesperanzada esperanza de que se levante una tierra que, cada día que pasa, se encuentra un poco más condenada a seguir perdiendo gentes, desgarrando familias, abandonando al olvido de la muerte el espacio rural de nuestros pueblos, arrinconando las historias y abatiendo las tradiciones, en silencio y en soledad. Y, como consecuencia, a seguir perdiendo más posibilidades de desarrollo.
Lamentablemente Extremadura se conforma como una tierra de emigrantes, con cuyo duro e inadmisible aumento, como de otras cifras económicas, industriales, sociales, etc, se pone de manifiesto la desigualdad entre los pueblos y, por tanto, el incumplimiento de la Constitución entre las Comunidades de España. Un hecho del que, quiérase o no, alguien tendrá la culpa.
Y mientras la emigración avanza, cuando menos permitida por la clase política, salvo alguna aislada excepción, si es que la hay, mientras el pueblo extremeño calla, de forma resignada ante semejante tragedia, mientras sus jóvenes crecen en la angustia, en una especie de autodestrucción de nuestros pueblos y ciudades, porque nadie sabe protestar en Extremadura como lo hacen otros lugares de España, para conseguir sus logros y anhelos, ahí quedan las cifras:
Extremadura contaba en 1920 con 1.064.318 habitantes, en 1950 llegó hasta 1.408.320 almas, descendió dramáticamente a 1.070.583 personas en 2018 y el Instituto Nacional de Estadística señala que para 2033 habrá 999.794 habitantes.
O lo que es lo mismo dentro de 15 años Extremadura habrá perdido ni más ni menos que un 29 por ciento respecto a la población que registraba antes de la tragedia migratoria…
¡Qué pena…!
