El Gobierno ha elaborado un Anteproyecto de Ley de Mutuas. Otro más, cada viernes, para que no levantemos cabeza, un palo más a los derechos conseguidos. Esta semana les toca a las personas que trabajan y que están en situación de baja médica, lo que para nuestros gobernantes es un claro síntoma de holgazanería.
Siguiendo la trayectoria orgullosamente proclamada de ‘reformas’, en el Anteproyecto se modifica el procedimiento de alta médica por ‘enfermedad común’ –enfermedad o accidente que no es por causa laboral– para personas que están trabajando.
Con este cambio normativo la mutua realizará la propuesta de alta médica a la administración competente; esta propuesta se hará firme si no se produce respuesta en cinco días (silencio administrativo). La persona afectada se enterará de su alta médica en el momento de incorporarse y tendrá que hacerlo aunque presente recurso. Si se le diera la razón posteriormente a su reclamación habría estado trabajando durante un tiempo estando enferma.
Opino que tratándose de algo que afecta a la organización de las empresas y a las personas que trabajan en ellas, el Gobierno debería haber tenido en cuenta a los agentes sociales que tienen un conocimiento de la realidad de la vida laboral y una larga trayectoria de negociación en absentismo laboral. Sin embargo, como ya se está convirtiendo en norma, actúa por su cuenta y con ello cosecha un dictamen negativo en el Consejo Económico y Social de España, órgano consultivo que está integrado por la representación empresarial y sindical y de otras entidades.
La reflexión sobre este cambio normativo me suscita una serie de cuestiones:
¿Cómo queda la figura del personal médico? ¿Desconfía el Gobierno de su propio Sistema de Salud?
Este cambio legal revela que le ofrece más confianza el criterio de las Mutuas, que son entidades privadas con intereses de parte, que el criterio médico que tiene como fin la salud de toda la población. Además de los efectos de complicación burocrático-administrativa y perjuicio a las personas afectadas, se produce un cuestionamiento implícito de la ‘ética médica’, esencia de esta profesión –ya que está en sus manos la vida y salud de las personas.
¿Es buena esta medida para la salud?
El fin que persigue esta medida es reducir los días de baja laboral. Si las decisiones de alta no se hacen exclusivamente con criterios médicos –que es lo que se garantizaba hasta ahora– sino atendiendo a otros intereses como los empresariales o la reducción del gasto, es evidente que va a tener repercusiones negativas sobre la salud. Además no se ha demostrado que a la postre provoque la reducción real de gasto pretendido –ya ha ocurrido así con otras iniciativas en materia sanitaria que buscaban reducciones inmediatas de los costes sin haber realizado previamente una evaluación rigurosa de los resultados finales.
El efecto negativo sobre la salud tiene al menos dos dimensiones: la individual de la persona que se tiene que incorporar a trabajar y la colectiva. Una posición más laxa sobre las garantías sanitarias en las altas médicas, en enfermedades contagiosas como gripe, tendrán un efecto sobre la plantilla de la empresa y sobre las personas usuarias.
¿Quién va a responder de las consecuencias?
Por una parte se rompe con un principio básico que garantiza el correcto acceso a la atención sanitaria al deslegitimar el papel de la figura médica y del Sistema de Salud. Pero por otra, el mecanismo que establece de ‘respuesta en cinco días’ a la Administración le devuelve como un ‘boomerang’ la responsabilidad. Teniendo en cuenta las competencias en materia sanitaria transferidas, recaerían en último término sobre la Administración Autonómica. La inseguridad jurídica que provoca y las posibles consecuencias de denuncias se agravarán con este nuevo sistema por ser menos garantista para la salud. Por cierto, Administración Autonómica que tampoco ha sido tenida en cuenta a la hora ‘idear’ esta ocurrencia.
¿Entonces por qué este cambio?
Pues creo que el Gobierno, al servicio de los más poderosos, está empecinado y obsesionado con desmontarlo todo, desestructurar el sistema del estado de bienestar, como si cada pieza fuera sospechosa y negativa y en ese proceso de demolición da igual que lo que se quite sea bueno malo o regular, que suponga reducción o incremento de costes. Todo ello se inscribe en una campaña que culpabiliza, criminaliza a las personas pobres, enfermas, mayores, en situación de dependencia. Eso sí, a los verdaderos causantes, a quienes han provocado la situación económica que padecemos, a esos, no les afecta el paquete de ‘reformas’.
Y me pregunto finalmente, si la salud de las personas entra en el terreno de lo discrecional, de lo arbitrario, de lo interesado, ¿esto no es más propio de modelo social infrahumano?
Antonio silvestre lancho 18:02 13 marzo 2014
