La reforma de la administración local se presenta por parte del Gobierno como una iniciativa legislativa orientada a la racionalización. Planteado así ¿quién no está de acuerdo?: la racionalización, la simplificación, la mejora de la eficiencia, la mejora de la calidad de los servicios que se prestan son objetivos que seguramente serán ampliamente compartidos.
Cuando se lee la letra pequeña y además se coloca en el contexto en que nos encontramos, la conclusión es radicalmente distinta.
Toda la amplia batería de lo que el Gobierno llama "reformas", hasta el momento, han ido dirigidas a recortar derechos: reducción de salarios, pensiones, recorte de servicios públicos, empeoramiento de las jornadas de trabajo, privatizaciones y destrucción de empleo. Con estos antecedentes es evidente que la "reforma" de la administración local lo que supondrá es la eliminación de un gran número de servicios y la destrucción de miles de puestos de trabajo.
La gran coartada de fondo que está utilizando el gobierno es la reducción del gasto público y el control del déficit. Sin embargo los ayuntamientos no son los máximos responsables del déficit, ya que más de 3.000 ayuntamientos no tienen deuda viva alguna y una parte importante de la deuda municipal se concentra en cinco grandes ciudades y particularmente en Madrid, que representa el 44% del total del total.
El denominado "coste estándar" que introduce esta norma, va a establecer un precio de mercado para la externalización y un coste de trasferencia o traspaso de los servicios afectados entre Administraciones forzoso o voluntario. Con ello los servicios públicos se van a prestar con un mayor coste para los ciudadanos y por supuesto con una menor eficacia, al dejar de ser prestados por el Ayuntamiento que, al ser la administración más cercana al ciudadano, es la que mejor conoce sus necesidades. Dejará a una
gran mayoría de nuestros municipios sin poder abordar una serie de servicios públicos y convertirá a sus vecinos en ciudadanos de segunda.
Más que eliminar duplicidades y competencias impropias, se eliminan competencias en aspectos socialmente tan relevantes como educación, salud o servicios sociales, para pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación. Lo que se va a conseguir es el desmantelamiento de servicios y la reducción a la mínima expresión de la administración local.
Esta Ley va a ser muy perjudicial para Extremadura porque supone un deterioro de la vida en los pequeños municipios, de los servicios que permiten mayor calidad de vida. También un deterioro de la democracia, que precisamente es el ámbito municipal en el que tenemos muchos ejemplos en los que la política no está deslegitimada para la ciudadanía, porque es la democracia más cercana a las personas y ese contacto da lugar a muchos ejemplos de compromiso, de política real y de transparencia.
El efecto sobre Extremadura va a ser elevado porque el 45 % de la población en la región reside en localidades de menos de 5.000 habitantes, a quienes más afecta la Ley en términos de prestación de servicios y de garantía de prestación de esos servicios.
El modelo que hemos construido en los últimos años de coexistencia de los medios urbanos y rurales se puede ver condenado a la quiebra por el alto riesgo de despoblación de estos últimos.
Según CCOO las consecuencias el efecto de esta "reforma" puede suponer la destrucción de 10.000 empleos directos para Extremadura, lo que se suma al insoportable nivel de desempleo que ya padecemos, es un nuevo mazazo para nuestra región. Quienes están aceptando esta ley desde nuestra región, deben tener un modelo de Extremadura natural, de dehesas de encinas, de
fauna, de agua, libre, libre trabajo, libre de hombres y mujeres.
