Cada cierto tiempo se abre el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones. En los años 90 desde el sector financiero se intentó convencer a la sociedad Española sobre la inviabilidad del sistema público y la necesidad de suscribir planes de pensiones privados, poniendo como modelo la experiencia en países sudamericanos. El intento fue fallido porque los sistemas privados sufrieron quiebras importantes y el sistema público se fortaleció, y además se creó el “fondo de reserva” (creación a la que contribuyó CCOO), que ha llegado a superar los 60.000 millones de euros.
Si en aquel momento el debate de la privatización fue derrotado, ahora encuentra aun más razones en contra, ya que ha aumentado la volatilidad de las empresas y como los planes de pensiones son a largo plazo, la gente con razón piensa: ¿Dónde estará la compañía aseguradora dentro de 30 años cuando acceda a mi pensión?
Sin embargo las políticas dominantes de recortes de lo público y, usando el control del déficit como pretexto, coincidente con la crisis económica, vuelven a poner el debate sobre la mesa. Ahora la estrategia es aplicar reforma tras reforma escudándose en la amenaza de la “inviabilidad de las pensiones en el futuro”
Desde enfoques ideológicos polarizados se dan dos puntos de vista contrapuestos: quienes opinan que de manera irremisible las pensiones públicas son inviables en el futuro a quienes consideran las pensiones como un derecho y que por tanto están garantizadas o tienen que estar garantizadas. Desde un análisis riguroso, ambos planteamientos son simplificadores.
En mi opinión tomando las medidas adecuadas las pensiones son viables. Hasta ahora a través del Pacto de Toledo así se ha venido demostrando.
Un mito que es preciso romper es que la situación cada vez será peor. Es una idea que se difunde para crear un efecto abrumador: la imagen de un problema creciente hasta el infinito y que por tanto tarde o temprano no tiene solución. Detrás están argumentos como el aumento de la esperanza de vida, el desempleo, el número de pensionistas creciente por demografía.
Sobre lo primero hay que decir que es cierto, aunque este crecimiento es muy lento y los incrementos tienen una tendencia decreciente. Sobre lo segundo es verdad que una sociedad con altos niveles de desempleo de manera prolongada en el tiempo pone en riesgo las pensiones; habría que decir que las pensiones y todo lo demás. Una sociedad sin trabajo no tiene futuro, por tanto esta tiene que ser la primera prioridad política. Habría que preguntarse: ¿está siendo la principal preocupación de nuestros gobiernos europeo, español, extremeño?
Y en cuanto a que el número de pensionistas va a subir es preciso matizar. No será algo indefinido, crecerán durante unos años hasta alcanzar los máximos (provocadas por las cohortes del “baby boom” de los años 60 y 70) se estabilizará unos años y después se producirá un prolongado descenso.
Es preciso por tanto seguir incorporando medidas para atravesar los años más desfavorables. Entre ellas profundizar en la ”separación de fuentes” sacando del sistema el coste administrativo de la Seguridad Social como organismo público que es y que ahora se sigue pagando con cotizaciones . Hay que recordar que en esta dirección ya se ha avanzado con la financiación de la sanidad a través de los impuestos, igualmente en el caso de las pensiones no contributivas. También podrían financiarse de manera excepcional y transitoria algunas modalidades de pensiones a través de los impuestos generales.
Muchas otras medidas pueden ponerse en marcha como: moderar el crecimiento de la cuantía de las pensiones en periodos determinados, aumentar las cotizaciones o subir el salario mínimo.
En resumen adoptar medidas armonizadas en el conjunto del sistema y no sólo en los gastos. Es preciso abordar también los ingresos y los comportamientos (evitando opciones que puedan permitir aprovecharse del sistema por quienes pueden programar cotizaciones o estimulando la contributividad).
Pero no podemos olvidar que solo existe futuro con más trabajo, un país como España no puede continuar con un paro de seis millones , esta tiene que ser la gran prioridad política, no podemos consentir que nuestros gobernantes se despisten o intenten despistarnos, sin trabajo, sin empleo, no hay recursos para el conjunto de la población, tampoco derechos, tampoco democracia.
