Conforme pasan los días el informe del Comité de Sabios para la reforma fiscal se queda más aguado, a la vez que se manifiesta más desigual y menos equitativo en sus potenciales efectos.
La primera impresión de este informe es que se trata de un juego de malabares que, por propia definición, es ciertamente vistoso, casi imposible de hacer pero que entretiene y se utiliza para manipular a la opinión pública. A efectos de marketing político siempre venderá más anunciar rebajas fiscales aunque luego no sean tales porque se incrementa la presión fiscal individual por otro lado o porque se recortan servicios públicos o prestaciones sociales.
Los sucesivos análisis públicos de esta propuesta coinciden en algo básico: se va a pagar casi lo mismo y lo van a pagar casi los mismos, en definitiva, la carga fiscal se redistribuye entre distintos impuestos pero el peso principal sigue recayendo sobre los mismos hombros.
Los sabios tratan los impuestos como pelotas de juego: Se propone un descenso de los tipos del IRPF a la vez que una subida del IVA. Las rebajas en las retenciones se compensarían, o no, con el crecimiento del precio de elementos esenciales de la cesta de la compra. Otras propuestas se dirigen a rebajar el impuesto de sociedades a cambio de eliminar deducciones y gravar los rendimientos de los bienes inmuebles, tanto imputados como efectivos. Además, se recomienda eliminar la exención de tributar en el IRPF por las indemnizaciones por despido, reorganizar las cotizaciones sociales y hacer recaer más el peso de esos pagos sobre los trabajadores y menos sobre las empresas.
Pese a tratarse de una propuesta no vinculante, lo que es indudable es que refleja en gran parte lo que el Gobierno deseaba que reflejara, y no sólo el Gobierno, sino la troika. Es un informe pues, a la carta, al gusto de los acreedores, el aval técnico que el propio Gobierno necesita para una reforma que es fundamentalmente política.
Pero, pese a los juegos malabares del Comité y del propio Gobierno, la cuestión principal sigue estando pendiente. Se va a avanzar o no hacia la recuperación con una reforma fiscal que se utiliza más como fin en sí misma que como medio para coadyuvar a la salida de la crisis?.
El sistema fiscal español adolece de varias grietas que siguen sin abordarse: la erradicación del fraude con la consiguiente insuficiencia de ingresos, una falta ostensible de equidad en la carga tributaria y una complejidad excesiva que va en detrimento del cumplimiento del deber fiscal, elementos que configuran y retroalimentan la deficiente cultura fiscal de nuestro país.
En este momento de intenso debate fiscal parece evidente que se puede y se debería alcanzar un amplio consenso sobre determinadas cuestiones de principio como son:
1.- El fraude fiscal se ha convertido en un lastre para nuestra economía. La posibilidad de elusión en España es muy superior a la de los países de nuestro entorno (véase el régimen de las SICAV). Las amnistías aunque legales, también invitan a ello y la configuración impositiva es cada vez más desequilibrada, existiendo excesiva desproporción entre los tipos nominales y los tipos efectivos. Los recursos dedicados a perseguir la economía sumergida, incluso a gestionar los propios impuestos son claramente insuficientes. Parece evidente que la apuesta no es por la lucha contra el fraude, cuando es la principal causa de insuficiencia, injusticia e inequidad del sistema.
2.- El sistema fiscal actual es injusto. Grandes empresas y grandes fortunas pagan impuestos proporcional y claramente inferiores a los de la media de los trabajadores asalariados. Tienen medios para garantizarse exenciones, deducciones, mecanismos legales varios para, en definitiva, contribuir menos de lo que les correspondería.
3.- La inequidad impera. El sistema fiscal depende más de la fuente de procedencia de la renta que del nivel de renta, privilegiando las rentas de capital y empresariales sobre las rentas del trabajo en el principal impuesto de tarifa progresiva que queda realmente en vigor. El tratamiento fiscal de la riqueza es un debate que debe abordarse sin demora más allá del deseo de eliminar el impuesto sobre el patrimonio.
Con base en estos consensos básicos, y en la necesaria simplificación del sistema actual, podríamos avanzar en la dirección correcta. Al final se trata de decidir qué modelo social queremos financiar con los impuestos que pagamos. Qué nivel de servicios públicos y de protección social se defiende y, con base en ello, cómo conseguir los ingresos suficientes.
Los impuestos son necesarios, su bajada vende mucho, pero eso no depende simplemente de modificar más o menos una estructura impositiva, depende de instaurar en el sistema los principios de equidad, justicia y suficiencia. Para ello es ineludible un consenso sobre un cambio de cultura social que implique una visión de los impuestos como algo necesario, de lo que todos los ciudadanos somos responsables. En próximos artículos incidiré en propuestas alternativas y factibles de cambio fiscal desde una posición sindical.
