En ocasiones, algunos organismos públicos cuestionados se hacen valer. El informe del Consejo de Estado sobre la inoperatividad del copago de los desplazamientos en ambulancia ha sido una andanada de sentido común. Afortunadamente a alguien se le ha ocurrido echar cuentas y resulta que es más cara la gestión del copago de este servicio que el ahorro para el sistema de salud de este nuevo recorte. El Ministerio de Sanidad, por vergüenza torera, no ha tenido más remedio que echar marcha atrás.
También el Tribunal de Cuentas, el pasado mes de diciembre, en su informe de fiscalización del sector público local y analizando la prestación de servicios en ayuntamientos españoles de menos de 20.000 habitantes –el 95% de todos los de España- demostraba con cifras que la prestación de un servicio público sale más cara cuando lo efectúa una empresa privada que cuando lo ofrece directamente el ayuntamiento, independientemente de la calidad del servicio.
Para el ciudadano español la gestión pública de los servicios esenciales, según este organismo fiscalizador, es más barata, de mayor calidad y mucho más trasparente que la privatizada. Por ejemplo el servicio de recogida de basura tiene un coste de 42,55 euros si lo presta la administración pública, mientras que si se hace a través de empresas concesionarias el coste sube hasta 53,90 euros. De forma similar, la limpieza viaria es un 71% más cara si se realiza a través de una concesión que si lo lleva a cabo la entidad local. Así lo ha debido entender el Ayuntamiento de León que ha procedido recientemente a su municipalización.
La gestión pública se configura así como la más conveniente para el erario público, pero esta aseveración soportada con datos reales no interesa y pasa casi desapercibida en los medios de comunicación próximos al poder.
Hace ya años que los ciudadanos somos víctimas propiciatorias de una fiebre privatizadora que ha contagiado y afecta a dirigentes del más amplio espectro político, que tenía tras de sí dogmas neoliberales, por no hablar de otras corruptelas asociadas.
En gran parte de estos casos de enajenación de servicios públicos se ha producido, además de incumplimientos de los pliegos de condiciones, un creciente deterioro de los derechos de los trabajadores que prestan estos servicios, incluso podríamos referirnos directamente a abusos que han derivado, lógicamente, en un mayor nivel de conflictividad.
Con la reforma de la administración local que se avecina y, que visto lo anterior parte de unos supuestos viciados, se pretende restar competencias a los ayuntamientos de municipios menores de 20.000 habitantes abriendo la puerta a la privatización para mejorar y abaratar el servicio. Ya nos hemos malacostumbrado a los copagos en sanidad, en los próximos meses habrá que hacer frente a nuevos copagos y tasas en servicios esenciales como el suministro de agua, la recogida de basuras, el alcantarillado o la limpieza viaria.
Todo ello confirma que las sucesivas reformas, por no llamarles recortes, de los servicios públicos bajo el falso argumento del ahorro económico y la mayor eficacia esconden una intención privatizadora que se apoya en componentes y criterios ideológicos que están poniendo en peligro la cohesión social y territorial. En los últimos años se han destruido 390.000 empleos públicos lo que coloca al empleo público en cifras cercanas a 2004, lo que inevitablemente está unido a la pérdida de servicios.
En esta sociedad española aletargada, cualquier poda añadida de derechos tiene por objetivo el pasar desapercibida y todo recorte tiene su justificación única en el ahorro para las arcas públicas. Frente a políticas partidistas irracionales basadas en leyendas urbanas, los criterios de solidaridad, justicia social, eficiencia, etc se dejan de lado sacrificando a miles de personas y de empleos en el altar de la austeridad mal entendida.
Si se considera que lo privado está por encima de lo colectivo se obrará en consecuencia. El interés general dejará paso al privado, es decir, se propiciará el beneficio privado de unos pocos a costa del patrimonio de todos. Es lo que está pasando en este país donde los voceros del poder predican día sí y día también que “la identificación del interés general con la propiedad pública es una antigualla que no resiste un análisis elemental”, cuando la evidencia indica lo contrario.
No podemos seguir encandilados por la cantinela de lo ineficaz que es lo público y lo eficiente y rentable que es lo privado porque se trata, simplemente, de una mentira como una catedral.
