15 enero 2024 | Publicado : 13:01 (15/01/2024) | Actualizado: 13:29 (15/01/2024)
Ep.
Ecologistas en Acción ha celebrado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que anula el decreto que permitía el inicio de las obras de Elysium City en Castilblanco (Badajoz), que viene a reforzar su idea inicial sobre un proyecto que consideran inviable económica y medioambientalmente.
En una rueda de prensa en Mérida, el responsable jurídico de la asociación, Ángel García Calle, ha remarcado que a pesar de que los promotores consideren "subsanable" la sentencia que tumba el decreto que aprueba el Plan de Ordenación con Incidencia Territorial y Proyecto de Ejecución de Grandes Instalaciones de Ocio (POITEGIO), no podrán "salvar" la legislación medioambiental autonómica ni europea.
Así, se ha preguntado por el motivo por el cual la empresa no presentó los informes relativos a la gestión del agua, la energía o las comunicaciones reclamados ahora por la justicia si los tenía. "La empresa no tiene esos informes y eso lo garantizo yo porque si los hubiese tenido, hubiesen sido negativos. Por eso no los ha presentado", ha remarcado.
Igualmente, ha contravenido la postura de la empresa que afirma que la sentencia se centra en una cuestión formal y confirma que "no existe afectación alguna a la Red Natura 2000 ni a los espacios de zonas ZEPA".
Al respecto, García Calle ha asegurado que lo que dice la sentencia es que se presentaron los informes para los "trámites precedentes" en el procedimiento pero que en este decreto relativo al inicio de las obras es donde se tenían que haber presentado, y "dice claramente que no se han presentado los informes y las valoraciones por parte de la empresa".
Con el decreto anulado, las obras son ilegales, por lo que, ha advertido, si hay alguna administración que las permite, actuarán contra ella incluso por la vía penal, porque, ha remarcado, no permitirán una política de "hechos consumados" como en el caso de Valdecañas: "nos tendrán enfrente", ha reiterado en varias ocasiones.
INICIO DE LAS OBRAS
El portavoz de la asociación ha reconocido que desconoce si las obras han comenzado, pero cabe recordar que la propia empresa anunció el pasado mes de mayo de 2023 el inicio de las actuaciones, en este caso relacionada con los primeros movimientos de tierra en la zona, tras la aprobación de la licencia de obras por parte del ayuntamiento en un pleno municipal.
"No tenemos conocimiento de que se hayan iniciado las obras, pero si se han iniciado, lo que no vamos a consentir es lo que ha pasado en otros proyectos que todo el mundo tiene en la cabeza", ha señalado, para posteriormente añadir que si hay una actuación sobre el terreno van a pedir la "paralización automática" de las mismas, y en caso contrario, actuarán "en consecuencia".
POSTURA "SENSATA" DE LA JUNTA
A preguntas sobre la primera reacción de la Junta respecto a la sentencia, en este caso unas declaraciones de la propia presidenta, María Guardiola, este lunes en Cáceres, ha señalado que le parece "sensata" la decisión de no presentar un recurso de casación porque supondría "una pérdida de tiempo".
"El Tribunal Supremo va a tardar bastante tiempo en dictar la sentencia", de modo que lo que tienen ahora mismo en la mano la Junta y la promotora es "rectificar los errores que se han cometido".
En su opinión, los empresarios están en su derecho de continuar adelante con el proyecto, pero "que lo intenten de acuerdo a ley". "No podemos saltarnos las leyes que todos nos hemos dado y que todos están obligados a cumplir", ha remarcado.
Desde Ecologistas en Acción creen que el camino a seguir por parte de la Junta de Extremadura será el de aprobar un nuevo decreto "con los informes y las valoraciones que requiere la sentencia", ante lo cual, una vez se sometan a información pública, plantearán nuevas alegaciones contra el mismo al considerar que no podrán sortear la legislación medioambiental.
"Plantear un proyecto de este tipo en una zona que ha sido catalogada recientemente como Reserva de la Biosfera por la Unesco era absolutamente aberrante", ha señalado García Calle, en alusión a una iniciativa que contempla varios hoteles, casinos, campos de golf, chalets de lujo, estadio de fútbol o un circuito de Fórmula 1, y que plantea un consumo de agua similar al de una ciudad como Cáceres.
En esta línea, ha remarcado que el Tribunal Superior de Justicia les da la razón, en relación a que "todo esto se ha hecho de una forma tan grosera, tan burda, tan rápida, con el fin de darle satisfacción a las promotoras que evidentemente había que frenarlo" con una sentencia que supone un "varapalo" a la Junta de Extremadura.
En concreto, el anterior gobierno de Guillermo Fernández Vara, que es el que recibe "este tortazo de la Justicia diciendo una vez más, porque no es la primera vez, que las cosas hay que hacerlas con arreglo a la ley".
Preguntado sobre si con este nuevo decreto se darían pasos atrás en el tiempo y se alargaría el procedimiento como ha ocurrido con otros casos, entre ellos el de Valdecañas, ha insistido que al igual que en este caso, o el de la refinería de Tierra de Barros, les tendrán "enfrente", porque son proyectos "inviables técnicamente y medioambientalmente".
