17 febrero 2021 | Publicado : 12:01 (17/02/2021) | Actualizado: 12:11 (17/02/2021)
Unidas por Mérida (Izquierda Unida - Podemos) ha instado este miércoles a los órganos directivos del Consorcio de la Ciudad Monumental a tomar medidas ante las "vulneraciones que -presuntamente- han cometido alguna de las empresas que gestionan los servicios privatizados de esta institución pública sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras".
Y es que según la documentación consultada por este grupo municipal, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz ha iniciado un expediente sancionador, en el que -a la espera de la resolución que se adopte- "se señala a la empresa Consorcio de Servicios Auxiliares, SL, como la responsable de no realizar los pagos de cotizaciones de la seguridad social que afectan a la plantilla".
Así pues, según informa la formación izquierdista en una nota de prensa, las actas levantadas por el servicio provincial de inspección, "ponen de manifiesto incumplimientos por parte de la empresa durante un periodo que abarca casi tres años, concretamente desde septiembre de 2016 hasta junio de 2019".
En este sentido, desde Unidas por Mérida señalan que los documentos dictados por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, como aquellos a los que hace referencia, "tienen carácter probatorio", por lo que, cabe pensar que "al menos existen indicios razonables que motiven el curso del procedimiento".
"La gravedad de estas infracciones podría suponer la necesidad de dictar la prohibición de contratar con la administración pública para esta empresa, tanto por una infracción doble de incumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social, como por vulnerar los derechos de los trabajadores, sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole que pudieran recaer desde la Seguridad Social", argumenta.
En estos términos, desde la formación izquierdista también señalan que el órgano responsable del correcto cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas que gestionan servicios privatizados por el Consorcio de la Ciudad Monumental, recae sobre los propios órganos directivos y superiores del propio Consorcio, que ostenta todo tipo de facultades para controlar el funcionamiento de estas empresas.
De este modo, "no deja de sorprender la amplitud del periodo durante el cual se vienen dando las supuestas infracciones cometidas por la empresa". "Y si esto es así, pone en tela de juicio el funcionamiento de las facultades y mecanismos que el Consorcio detenta para garantizar el respecto de las condiciones pactadas para la ejecución de los servicios que contrata con su dotación pública y la recaudación de la explotación turística de los monumentos", asevera.
A colación de esto último, Unidas por Mérida considera que "no sólo podrían haber fallado los mecanismos de control sino que, además, las consecuencias han ido en perjuicio de los derechos de los propios trabajadores y trabajadoras".
A su entender, "esta situación sirve de ejemplo sobre las consecuencias que tiene la privatización de servicios vinculados a los organismos públicos sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras y los propios servicios", incide.
"Resulta, y siempre es así, que cualquier tipo de disminución de los costes ofertados por las empresas pesa, finalmente, sobre las espaldas de las personas que trabajan en ellas, y no sobre el margen de beneficio de quién contrata o a partir de la puesta en práctica de modelos de gestión más eficientes", recalca.
Por tanto, ante esta situación, desde Unidas por Mérida instan a los responsables del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida a que "inicien un procedimiento de fiscalización sobre la actividad de las empresas que gestionen servicios vinculados con su actividad o que le presten servicios de cualquier naturaleza", al tiempo que "les exigimos un mayor celo y profesionalidad en el ejercicio de sus funciones de control sobre las empresas contratadas por el propio Consorcio", concluye.
