Junta pide no politizar y oposición urge revisar sistema protección menores en Extremadura

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La consejera de Salud y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha pedido no politizar mientras que la oposición en la Asamblea ha instado a revisar el sistema de protección de menores en la región, así como las condiciones laborales de los profesionales que en él trabajan, tras la muerte de una educadora social en Badajoz.

Este intercambio de opiniones se ha producido durante la comparecencia de García Espada a petición del Grupo Parlamentario Socialista en el pleno de la Asamblea de este jueves, donde la diputada Isabel Gil Rosiña ha considerado necesario hablar de los servicios sociales y del sistema de protección de menores.

En su primer turno, Rosiña ha tenido palabras de recuerdo para la trabajadora asesinada en Badajoz. "Señora consejera, lo ocurrido en Badajoz nos obliga a una reflexión profunda aquí, donde se cambian las cosas, aquí donde se discute la vida de la gente", ha subrayado.

LA CONSEJERA ABOGA POR HABLAR ALEJADA DEL "USO POLÍTCO"

En su intervención, la consejera Sara García Espada ha espetado a Gil Rosiña que jamás encontrará a la Junta "en su intento de uso político de lo acontecido" con la muerte de la educadora social, mostrado su "máximo respeto" al duelo de la familia y compañeros.

En este sentido, ha recordado que los miembros del anterior Ejecutivo del PSOE fueron los "responsables de ese pliego que está en vigor" y, aunque "sea tarde", ha mostrado sus satisfacción de que los socialistas reconozcan que "está carente a las necesidades reales".

Así, ha manifestado que, si como administración se quiere afrontar los problemas y necesidades reales de la población, es fundamental disponer de un sistema de servicios sociales que sepa dar respuesta a esas necesidades desde una intervención individualizada y centrada en la persona.

En este punto, ha afeado que el anterior gobierno autonómico no haya desarrollado la Ley de Servicios Sociales de Extremadura, que fue aprobada en el 2015. "Pero de nuevo llegamos y de nuevo los deberes por hacer", ha criticado, aunque, como ha asegurado, ya se ha empezado a trabajar en este sentido de cara a disponer de un documento que permita una mejora de la planificación del sistema público de servicios sociales.

"A nuestra llegada nos encontramos con un sistema de servicios sociales obsoleto tecnológicamente, que dificulta dar una respuesta rápida y de calidad al ciudadano", ha lamentado, además de criticar que el anterior gobierno socialista no ejecutara los 6 millones de euros de fondos europeos para implementar el Sistema Extremeño de Información de los Servicios Sociales y la Historia Social Única.

"Nuestro compromiso con las personas vulnerables ha sido, es y será siempre indiscutible, y por eso damos respuesta y por primera vez hemos puesto sobre la mesa y a favor de ellos medidas nunca antes vistas en Extremadura", ha puesto en valor.

Entre ellas, ha recordado el centro de referencia nacional para los pacientes de ELA, quienes también cuentan con ayudas y beneficios fiscales, a lo que ha unido el primer plan de respiro familiar, dotado con 1 millón de euros, y ha recordado que el Ayuntamiento de Mérida renunció a casi 100.000 euros del mismo.

Finalmente, y en cuanto a la protección de niños y adolescentes, la consejera ha destacado que, durante años, el sistema de protección ha tenido que dar respuesta a situaciones cambiantes en la sociedad pero las demandas de los profesionales del sector en la actualidad "son las mismas" que trasladaban a los socialistas durante su gestión, ha dicho.

"Son las mismas que ustedes han silenciado durante ocho años y son las mismas que ustedes ahora intentan hacer un uso político de ellas. No nos van a encontrar ahí", ha señalado, además de indicar que el gobierno presidido por María Guardiola ha mantenido reuniones de forma individual con los colectivos y ahora en una mesa conjunta, "sin publicidad" y "remando a favor" de las medidas que ellos consideran "prioritarias".

TURNO DE LOS GRUPOS

La diputada del PSOE Isabel Gil Rosiña ha lamentado la intervención de García Espada, de la que esperaba un "poco de humanidad, de responsabilidad y de altura de miras", al tiempo que ha insistido en que su grupo no está "utilizando políticamente" la desgracia de la muerte de la educadora.

"Hubiera ocurrido igual sentado ahí el gobierno del Partido Socialista. Esa no es la clave de este debate, señora consejera. Esta es una desgracia igual, da igual el color del gobierno quien se siente. Pero la política tiene que tener la capacidad de que cuando ocurre un hecho de esta magnitud abrir la carpeta y analizarlo", ha dicho, además de preguntarse si cree que el problema es "solo un pliego". "Si el pliego está mal, cámbielo mañana, que nosotros se lo vamos a reconocer", ha dicho.

En este sentido, Gil Rosiña ha recalcado que "ha fallado el sistema" y no hay que buscar el nombre de un gobierno en concreto, por lo que ha reclamado que se articule desde la Junta la convocatoria de los grupos para reforzar el sistema de menores.

"Usted es la máxima responsable en estos momentos en el Gobierno de los servicios sociales de base de esta región y del sistema de protección de menores de esta región, y usted no está sola", ha dicho, además de añadir que "ese era el debate de hoy, no del alcalde de Mérida".

En el turno de Vox, el diputado Óscar Fernández Calle, ha señalado que le apena hablar de esta cuestión en relación al asesinato de la educadora social, al tiempo que ha reconocido que los profesionales de la atención social están pidiendo mejoras y mayores medidas de seguridad, sobre todo aquellos que trabajan con menores con medidas judiciales, quienes han afirmado que "ésto se veía venir"

"¿Cómo es posible que haya cuidadores o profesionales que cobran menos que los que están internos en esos pisos o en esos centros? Me he quedado de verdad estupefacto porque no lo sabía, honestamente. Le están pidiendo, señora consejera, más personal y le están pidiendo que nadie vuelva a estar solo", ha recalcado.

"Uno no puede mirar para otro lado ante lo que ha pasado, no puede mirar para otro lado. Y aquí hay responsabilidades políticas del Gobierno, del Partido Popular, que deben asumirse, deben asumirse. Porque ustedes, señora consejera, gobiernan ya desde hace dos años. Y aunque la herencia ha sido nefasta ustedes gobiernan desde hace dos años", ha aseverado, por lo que ha exigido la dimisión de los responsables políticos de la Junta "al más alto nivel".

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha mostrado la "decepción profunda" de su grupo por la intervención de la consejera, tras lo que ha manifestado que no tiene "ninguna voluntad de hacer necropolítica" sino de que la muerte de la educadora social de Badajoz no se repita.

"Para que esto no se repita hay que hacer unas reflexiones profundas. Yo lo que me temo que nos vamos a encontrar es quién es el responsable en un toma y daca entre los responsables anteriores y actuales y a mí me parece que esto requiere una reflexión mucho más seria", ha asegurado.

Además, y sobre la muerte de la educadora en Badajoz, Unidas por Extremadura ha insistido en que propone la creación de una comisión de investigación para ver qué ha fallado, para lo que pedirá el apoyo de otro grupo ya que Unidas solo no puede, y una comisión de estudio para analizar todo el sistema público de servicios sociales, su financiación y las carencias.

Finalmente, la diputada del PP Teresa Tortonda ha defendido que se puede hacer política sobre el suceso de Badajoz pero "nunca politización", además de considerar que el debate planteado por Gil Rosiña "no es serio".

En este sentido, ha subrayado que los anteriores Ejecutivos han sometido a un "abandono total y absoluto" a las políticas sociales y los trabajadores que "son la puerta de entrada a los servicios sociales".