16 mayo 2024
En el pleno de la Asamblea, el diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González, ha defendido una propuesta de pronunciamiento en la que se solicita que se modifiquen varios aspectos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Uno de esos aspectos es "quitar el absurdo poder de veto del Senado".
González ha argumentado esta petición explicando lo que ha supuesto ese veto para la región, ya que "con el objetivo de estabilidad presupuestaria en el Senado es que Extremadura ha perdido una capacidad de gasto de más de 75 millones de euros por el sectarismo de la derecha".
Además, ha reclamado que se relaje la regla del gasto para los ayuntamientos puedan invertir el dinero del que disponen en sus municipios. "¿Qué lógica tiene que ayuntamientos con superávits no puedan hacer inversiones en sus pueblos?", se ha preguntado.
"Además, también pedimos que la excepcionalidad en la ley tenga más supuestos para que la tasa de paro y la pobreza sean variables que relajen las reglas fiscales" ha añadido el diputado.
"Proponemos la reforma de una ley para que sea menos cruel", ha asegurado durante la defensa de la iniciativa, aunque ha querido dejar claro que esta "no es nuestra propuesta de máximos" y que su grupo parlamentario no comparte la vuelta a las reglas fiscales.
Ha añadido que "la austeridad 2.0 de ahora es la misma receta que la de 2008 que tuvo unos resultados catastróficos, pero la de ahora, más 'cuquis', no tiene hombres de negro y cuenta con márgenes y planes flexibles para cada país".
González ha asegurado que mientras se vuelve a esa estabilidad presupuestaria, y por tanto, "se pone el cerrojo a la política de gasto del Estado, no nos cortamos en aumentar el gasto militar ni en poner freno al escaqueo fiscal".
De hecho, ha explicado que el observatorio europeo fiscal mostró que en 2022, 500 multimillonarios de la UE disponían de 2,4 billones de euros "en jurisdicciones de baja o nula tributación".
También ha afirmado que ese observatorio cifró en unos 140.000 millones de euros el "agujero fiscal" de las multinacionales y multimillonarios en España, "dinero que, tributado adecuadamente, sería suficiente para financiar un año de educación y salud pública".
