20 febrero 2024 | Publicado : 15:11 (20/02/2024) | Actualizado: 21:03 (20/02/2024)
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Los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura coinciden en la necesidad de introducir cambios que garanticen la rentabilidad del sector agrario pero, difieren al apuntar hacia la administración sobre la que dirigir sus reivindicaciones.
Los portavoces de PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura en el parlamento regional han aprovechado que el orden del día del pleno de este jueves incluye varios puntos relacionados con la actividad agraria para exponer una vez más su posicionamiento respecto a las protestas de agricultores y ganaderos que se han intensificado en las últimas semanas.
Al hilo también de la reunión de este lunes del ministro del ramo, Luis Planas, con las comunidades autónomas, y de las protestas convocadas por las organizaciones agrarias a nivel regional y nacional, el portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, en línea con la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, ha vuelto a exigir al Gobierno que atienda las demandas del sector al considerar que las 18 medidas trasladadas a las organizaciones agrarias la semana pasada son "insuficientes" y "temporales".
En este sentido, Sánchez Juliá ha criticado nuevamente que este lunes el ministro explicara a las comunidades autónomas estas medidas en el transcurso de un consejo consultivo, en lugar de una conferencia sectorial en la que las administraciones regionales hubieran dispuesto de más tiempo para transmitir los problemas del campo y aportar sus soluciones.
Sin embargo, según el diputado del PP, el ministro se limitó a trasladar las medidas ya planteadas la semana pasada a las organizaciones agrarias, que ha calificado como "insuficientes" y "temporales", sin poner sobre la mesa "nada sobre la ganadería, nada sobre tuberculosis, nada sobre nuevas enfermedades, nada sobre compromisos para la vid y el olivar en sequía" o sobre el agua.
Junto con ello, ha resaltado que "el campo no necesita parches para salvar el año 2024, necesita decisiones y necesita medidas para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias en un futuro".
Por este motivo, ha replicado a los portavoces de PSOE y Unidas por Extremadura, quienes le han precedido en el turno de comparecencia y que se han expresado "duramente" contra el ejecutivo de María Guardiola, que pregunten al Gobierno central de Pedro Sánchez y Sumar "por qué no están atendiendo realmente las demandas del campo español".
Asimismo, ha respondido a PSOE y Unidas, que "se les llena la boca de pedir responsabilidades" a la Junta de Extremadura, que el Ejecutivo de María Guardiola ya ha tomado decisiones, pues la Consejería de Agricultura está "inmersa" en un proceso de "simplificación de trámites" burocráticos, como reclama el sector, pero "la oposición no se entera".
Y, ha citado otras actuaciones como el plan contra la tuberculosis o la aprobación de fondos contra la enfermedad hemorrágica epizoótica o para los seguros agrarios.
El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Juan Ramón Ferreira, ha subrayado que la reivindicación de los agricultores es "justa", por lo que espera que desde el ministerio se llegue a acuerdos con el sector del campo para simplificar la justificación de la PAC, para que tengan "más ayudas" y también "precios justos".
En este sentido, ha reclamado un refuerzo de la ley de cadena alimentaria para que garantizar su cumplimiento, y en este sentido ha preguntado al gobierno extremeño qué está haciendo en esta materia, porque considera que la consejera del ramo lo único que está haciendo es "señalar con el dedo al Gobierno de Pedro Sánchez".
Asimismo, ha matizado que, "antes era un problema de Guillermo Fernández Vara y de Pedro Sánchez pero, desde que gobierna María Guardiola, ya solo es un problema de Pedro Sánchez", afirmando que los gobiernos autonómicos "también tienen competencias" en el sector primario.
En este punto, se ha referido a dos "ejemplos muy claros". Por un lado, el regadío de Tierra de Barros, sobre el que ha vuelto a instar a la Junta a licitar las obras, y por otro con la contratación del tomate.
"¿Cómo puede salir la consejera de Agricultura demostrando que conoce que hay un 40% de agricultores del sector del tomate que no han firmado los contratos por la situación tan injusta que se les plantea y no hace absolutamente nada?", se ha preguntado Ferreira.
Además, le ha recordado que la Junta "tiene competencias para garantizar" el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria en cuanto a vigilar que no se compran producciones por debajo de los costes de producción.
Sobre este mismo asunto, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que este pasado lunes comunicaba la presentación de una denuncia contra las industrias por considerar "indecente" e "ilegal" plantear pagarle a los productores 130 euros por tonelada, ha abundado en reclamar a la Junta responsabilidades.
En concreto, en el pleno del jueves preguntará a la presidenta, María Guardiola, "¿qué va a hacer, qué medidas va a poner en marcha?", porque una administración comprometida con el sector primario "lo primero que hubiera hecho habría sido enviar una inspección y anunciar sanciones", pero "nada de eso ha hecho", sino más bien "al revés", mostrando "equidistancia".
De Miguel ha pedido a la Junta que se ponga del lado de los agricultores en lugar de estar "todo el día hablando de la Agenda 2030, de las normas ambientales y del señor Sánchez", porque parece que "les interesa instrumentalizar las movilizaciones para golpear al Gobierno de coalición, en vez de realmente mirar por mejorar la situación del sector primario".
Finalmente, el portavoz adjunto de Vox, Juan José García, al ser preguntado por las movilizaciones, ha mostrado su "máximo apoyo" a todos los agricultores de Extremadura y de España en la defensa de una reivindicaciones que considera "justas y necesarias" para tener "un futuro digno para ellos y para sus familiares".
