03 octubre 2024
El Partido Popular de la Provincia de Cáceres ha reclamado al Gobierno que ejecute el Proyecto de Medidas Correctoras y de Protección Ambiental en el entorno de la Presa de Alcollarín, que supondría una inversión de cerca de 1,8 millones de euros en el municipio.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ya ha registrado una pregunta en comisión al respecto, según ha señalado la
La diputada PP por Cáceres, Cristina Teniente, ha subrayado que "exigimos respuestas de por qué esto está estancado, sin ejecución", añadiendo que estas obras debían realizarse tras finalizar la construcción de la presa, en el año 2015, y que, al ser contempladas por la Declaración de Impacto Ambiental, son de obligado cumplimiento.
La "buena conexión" y la comunicación "constante" entre el gobierno local y el ministerio quedó "radicalmente interrumpida" con la llegada del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en lo que supone "otro ejemplo más del abandono" del Gobierno con la provincia de Cáceres y con sus pueblos.
Según Teniente, "estamos hablando de un motor económico para la comarca y el municipio de Alcollarín y esto no puede permanecer en el cajón del olvido y del abandono como todo lo que pasa por el Gobierno de Sánchez, que está solo preocupado por su supervivencia".
En 2015, el presupuesto acordado era de 1.790.667,02 euros más IVA. Con esta cantidad, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de entonces se comprometía a actuaciones medioambientales para reforestar las márgenes del embalse, con plantaciones de especies autóctonas, con una reparación previa del terreno.
También se incluía la restauración del Río Alcollarín y el Arroyo del Peral y trabajos para la mejora de la fauna en la zona, indica el PP de Cáceres en una nota de prensa.
Además, se debería construir un parque periurbano con carril bici, aparcamientos, pistas deportivas, mobiliario y zona de recreo entre otras instalaciones. También incluía la construcción de un parque municipal.
El alcalde de Alcollarín, Juan Salvador Calzas, asegura que esta inversión supondría un "impulso importante", para la localidad y para toda la comarca pues, se traduciría en "puestos de empleo y la consolidación del embalse como el motor económico del pueblo" por los diferentes servicios que ofertaría.
En este sentido, ha lamentado que "es un compromiso plasmado en una resolución que a día de hoy no se ha cumplido y es algo que sería clave para el desarrollo de nuestro pueblo".
El GPP en el Congreso de los Diputados a través de sus representantes de la provincia va a seguir trabajando para que Extremadura "reciba las inversiones que le corresponden y que el Gobierno de Sánchez y sus ministros se encargan de negar".
En este sentido, sostienen que el Gobierno, con el "apoyo por acción u omisión" del PSOE de Extremadura, no sólo "niega la Alta Velocidad o se olvida de las autovías" en los municipios más poblados, también se ha convertido en el "principal enemigo de las zonas rurales, dejándolas sin recursos y futuro", en alusión a Almaraz, "aislándolas sin autobuses, cerrando cuarteles" de la Guardia Civil y "metiendo en el cajón las inversiones" a la que los pueblos de la provincia "tienen derecho", como es el caso de Alcollarín.
