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  • 23 jun 2024

Ayuntamiento Cáceres inicia proceso desalojo de 36 viviendas sociales ocupadas ilegalmente

"Se va a llevar a cabo un procedimiento con carácter sumario y preferente que permite la recuperación de la posesión de los inmuebles de carácter social".

07 junio 2024 | Publicado : 13:06 (07/06/2024) | Actualizado: 13:38 (07/06/2024)

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres va a iniciar un procedimiento judicial contra las ocupaciones ilegales de 36 viviendas de titularidad municipal, la mayoría de ellas ubicadas en el barrio de Aldea Moret, que han sido identificadas en un informe emitido por el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS).

Las acciones legales que iniciará el consistorio cacereño se amparan en el artículo 250.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que recoge que "podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social".

El portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, ha explicado este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local que el IMAS ha emitido un informe con fecha de 24 de mayo sobre la situación en la que se encontraban esas viviendas ocupadas, que fue solicitado por el Ejecutivo local para "que se pudiera proceder a tomar medidas".

"Actualmente, y una vez que hemos tenido conocimiento del informe, hay un total de 36 viviendas de titularidad municipal que se encuentran en situación de ocupación", ha informado el portavoz, por lo que amparándose en la ley, "se va a llevar a cabo un procedimiento con carácter sumario y preferente que permite la recuperación de la posesión de los inmuebles, entre otros, de aquellos que tienen carácter social".

Así, una vez hayan sido recuperadas esas viviendas, se encargará a los servicios técnicos un informe sobre el estado de la situación de las mismas y las posibilidades que tienen dichas viviendas para poder realizar los arreglos pertinentes y volver a su adjudicación a las personas en situación de vulnerabilidad que las necesiten.

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