20 febrero 2024
Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a la actualización del proyecto de explotación de la mina de wolframio de La Parrilla.
Concretamente, en sus alegaciones, la asociación conservacionista ha apuntado que la empresa "W Resources tiene un largo historial de incumplimientos legales", "deudas con las nóminas de los trabajadores y la Seguridad Social" o "demoras en la tramitación del ERTE y ello pese a ser receptora de subvenciones y ayudas públicas".
Asimismo, Ecologistas en Acción ha apuntado que el proyecto presentado "minimiza" posibles afecciones "como las que han estado ocasionando en el pasado", ya que hace una caracterización de residuos como "como no peligrosos" cuando las analíticas que presentan "muestran que lo son y resta importancia a las posibles afecciones a la salud y el medioambiente que contaminarían masas de agua del entorno".
"Las afecciones ambientales en el pasado consistieron en contaminación con drenajes ácidos de los cauces del Lirio y del Budial, como ilustran imágenes del PNOA de 2016 y 2022. Impactos en la agricultura, ya que muy cerca aguas abajo de la mina discurre el canal de Orellana, que utilizan 6.700 regantes para regar 40.000 Has", ha señalado.
En esta línea, Ecologistas ha recordado que, en 2022, la empresa fue "sancionada con 60.000 euros por el vertido ilegal de aguas contaminadas tras las comprobaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Desde hace años no se hace restauración en el recinto de la mina".
A este respecto, Ecologistas en Acción ha añadido que la situación financiera de W Resources "no es buena pese a haber recibido dinero público", a lo que ha unido que, en 2019, la empresa inició la explotación comercial de La Parrilla "sin la autorización ambiental unificada".
"Fue en septiembre de 2021, cuando al realizar una inspección para la puesta en marcha de la planta de beneficio, se descubrió que la empresa se encontraba operando sin permisos y que utilizaban una balsa de lodos sin autorización", ha asegurado.
Además, ha recalcado la asociación ecologista que, unos días después, Confederación Hidrográfica del Guadiana trasladó a la Junta un requerimiento a W Resources para que evitasen vertidos al Dominio Público Hidráulico.
"Todo esto supuso el inicio de varios procedimientos sancionadores en la Junta y el Ayuntamiento de Santa Amalia. Las sanciones de la Junta fueron 65.000 euros y las del Ayuntamiento de Santa Amalia de 415.000 euros", ha informado.
Del mismo modo, ha expuesto que en abril de 2022, W Resources suspendió la cotización en el Alternative Investment Market (AIM), ya que el precio de las acciones había bajado de 11,5 a 2,5 peniques, quedando su valor bursátil en menos de 5 millones de euros.
"En la primavera de 2022 la mina suspendió las operaciones por falta de liquidez y el creciente coste del gas natural. En este contexto, dejó de pagar las nóminas de sus 130 trabajadores, que denunciaron las demoras en la tramitación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), finalmente iniciado en mayo", ha recordado.
Con este nuevo proyecto, según ha criticado Ecologistas en Acción, "no parece que los gastos de energéticos vayan a ir a la baja y aún no plantean una instalación fotovoltaica para autoconsumo", además de no contemplar en los posibles riesgos que la mina está en una zona de nivel alto del potencial de radón, con posibles nuevas obligaciones de gastos de prevención laboral a los que hacer frente.
También ha criticado que se ha realizado una caracterización de residuos mineros "errónea, tanto de los antiguos residuos como de los nuevos". Así, en las analíticas que presentan, los resultados están "por encima de los umbrales permitidos o bien por encima de los niveles genéricos de referencia (NGR) en Extremadura para el arsénico, lo que supone catalogar los residuos como no inertes y peligrosos".
"Minimizan igualmente posible contaminación de masas de agua del entorno, pese a proponer un desvío de cauces", ha sentenciado.
