Otra más, una tras otra las medidas van cayendo contra la ciudadanía y a favor de los privilegios de las élites económicas. Las medidas que se están adoptando en materia de política energética y en particular sobre la energía eléctrica están demostrando su ineficacia a la par que son un paso más de injusticia.
El déficit tarifario es la gran coartada para justificar la subida incontenida del recibo de la luz, déficit que no se está saldando porque no se atacan las causas que provocan los desequilibrios del actual modelo. Toda la subida padecida en los últimos años no ha solucionado el problema, más bien lo ha hecho engordar. Ha sido ineficaz.
Y es lógico que no se solucione. Se mantienen por un lado escandalosos beneficios para las hegemónicas compañías eléctricas que se aprovechan de su posición de mercado copado –las cinco grandes acaparan el 85% del mercado: Iberdrola, Endesa Gas Natural Fenosa, EON y HC–. Por otra parte la secuencia de bandazos desordenados en las energías renovables, el precio garantizado de la energía nuclear, y el sistema de subasta que da lugar a un sistema manipulable de asignación de precios, confluyen en el encarecimiento de la electricidad. El resultado es que tenemos la electricidad más cara de los países de nuestro entorno, el precio duplica al de Francia y ha subido en los últimos 5 años un 63%.
El efecto tanto para los hogares como para las empresas es demoledor. Hay 4 millones de personas en estado de ‘pobreza energética’ (1,2 millones de hogares) y esto ocurre cuando la electricidad en la sociedad tecnificada en que vivimos debería considerarse como un bien básico.
El coste de la electricidad de los consumidores industriales en España casi duplica el de sus competidores en Francia o Alemania lo que supone un importante deterioro de la capacidad competitiva para nuestras empresas. El coste de la electricidad hipoteca la competitividad de numerosas empresas, en particular, de aquellos que necesitan un gran consumo de energía, con un desastroso impacto en los puestos de trabajo.
Hablando en positivo: Es urgente, ya es una demanda recurrente, modificar nuestro modelo productivo y para ello es necesario mejorar la eficiencia energética– justamente lo que se penaliza en las últimas reformas del gobierno al disminuir el precio del consumo y subir la parte fija– invirtiendo en la mejora de los procesos y en el aislamiento térmico, avanzando de manera ordenada en las energías renovables y en el autoconsumo.
El ‘míx energético’ –combinación de las distintas fuentes de energía– y en general la política y estrategia energética tienen que ser fruto de un gran consenso de estado y no el dictado de los intereses ‘de parte’, orientado a acompañar al modelo productivo y a garantizar el suministro eléctrico al conjunto de la población.
En resumen sostenibilidad, justicia social, dinamización productiva en lugar del chollo para unos pocos.
Hay que acabar con el dominio de los oligopolios mediante la creación de un ‘operador público’ que evite la especulación y regule el mercado a la par que se abre el mercado a una mayor competencia. Fomentar el establecimiento de contratos bilaterales que garanticen precios competitivos para la industria y las empresas desde el control público de los mismos. Fijar precios buscando la relación directa entre el coste real de producción y los costes que se trasladan al consumidor.
El acceso a la energía tiene que convertirse en un derecho más de ciudadanía y que por tanto garantizado por los poderes públicos y no debe estar sometido a las leyes del mercado como se reconoce en el caso del agua potable en el marco de la UE. Esta consideración obligaría a tomar medidas efectivas para proteger a los grupos más vulnerables.
