El PP tumba la ley de Vox para modificar el modelo de representación sindical actual

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El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura se ha quedado solo en la defensa de su propuesta de ley para modificar el modelo de representación sindical actual, que ha definido como un "chiringuitazo" al servicio de las formaciones de izquierdas para "comprar voluntades", con el objetivo de, entre otras cuestiones, se abra el diálogo social a otros sindicatos.

Una propuesta de ley de modificación de la Ley 3/2003, de 13 de marzo, ha recibido enmiendas a la totalidad del resto de formaciones de la cámara regional y, ha salido adelante la enmienda que se votaba en tercer lugar, la del PP, después de que esta formación haya votado en contra de la de PSOE y se haya abstenido, igual que los socialistas, la de Unidas por Extremadura. Las enmienda de los populares ha recibido el apoyo de Unidas, mientras que el PSOE se ha abstenido.

El portavoz de Vox, Óscar Fernández, pese a asumir que no saldría adelante, ha defendido que su propuesta se centra en ampliar la representación del diálogo social para adecuarla la "realidad", porque ahora mismo lo que hace la actual ley es "blindar los privilegios de dos sindicatos y de una organización patronal", al mismo tiempo que pretenden eliminar "cualquier tipo de politización y que solo sea el interés de los trabajadores y de los empresarios el que se debata en el seno del diálogo social".

Fernández ha argumentado la modificación de la ley subrayando que el modelo de diálogo social de Vox es "plural, despolitizado y transparente", por lo que "empieza mal" porque "ni a Podemos le gusta la pluralidad, ni al PSOE le gusta despolitizar nada, ni al PP la transparencia".

"Defendemos un diálogo social despolitizado, que defienda a los trabajadores y a los empresarios y no que defienda los intereses del Partido Socialista, que es lo que pasa ahora" con dos sindicatos, CCOO y UGT, que ha calificado como "casta", que disfrutan de un "chiringuitazo creado ad hoc para los parasitarios sindicatos de clase".

Asimismo ha mantenido que el modelo del PP es el mismo que el de Fernández Vara y Sánchez, es decir, un "monopolio de los sindicatos de izquierdas", que "solo ha servido para comprar voluntades y llenar estómagos".

Fernández ha lamentado que "gracias al PP" se va a seguir "regando con dinero público a los parasitarios sindicatos de clase y a la CREX", pero ha advertido al Gobierno de Guardiola que, pese a que hoy "no va a poder ser", les quepa duda de que "antes o después esto será", porque "antes o después habrá un decreto ley o habrá unos presupuestos o habrá unas elecciones", y en Vox "ni se nos olvidan las cosas ni cambiamos de rumbo ni cambiamos nuestros principios".

REPRESENTACIÓN ADAPTADA A LA REALIDAD

En concreto, ha afirmado que con esta reforma en primer lugar pretenden "abrir el diálogo social y democratizarlo", eliminando el "vergonzoso monopolio creado por y para dos asociaciones sindicales y una empresarial", ha abundado, porque hay otros sindicatos en Extremadura que tienen una representación mayoritaria en sanidad y en educación y que "no se cuenta con ellos", como tampoco se cuenta con una organización que supera el 15% de la representación global.

Por ello, plantean nuevos porcentajes de representatividad, de tal manera que se considerarán sindicatos mayoritarios los que hayan obtenido un 3% o más del total de delegados de personal o miembros del Comité de Empresa. Y también se considerarán organizaciones empresariales mayoritarias con más de un 5% de representación en las empresas.

Además, proponen que los gastos en los que incurran las organizaciones sindicales a causa de esa participación sean asumidos por ellas mismas "con recursos propios". "Para eso están sus afiliados, ¿no?", ha abundado.

EN DEFENSA DE LAS CONQUISTAS SOCIALES

En defensa de su enmienda a la totalidad, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, ha señalado que la presenta "desde el convencimiento y desde el orgullo", en tanto que el PSOE es un constitucionalista "convencido", al tiempo que ha defendido que el diálogo social está ligado a las conquistas sociales.

"La historia del PSOE, junto a su sindicato hermano, la UGT, está ligada íntimamente a las conquistas sociales y a las conquistas laborales de este país". Además, ha defendido "a todos los sindicatos" representados en todas las mesas de negociación, pero tiene preferencia, ha reconocido, por los sindicatos de clase, que son los que estuvieron con el PSOE "luchando por los derechos de los ciudadanos".

Además, considera que la propuesta va contra la Constitución española, así como es un "ataque al Estado de las Autonomías", todo ello con el objetivo de "acabar con el diálogo social para alcanzar la concertación social en la política".

"MAMPORREROS DE LOS PODEROSOS"

A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha enmarcado esta propuesta en la agenda política que Vox viene desarrollando en la Asamblea basada en "atacar a los de abajo y defender a los de arriba", y que en este caso se centra en "atacar los derechos de los trabajadores".

"¿Son conscientes del rol que desempeñan que es puramente ser los mamporreros de los ricos y los poderosos?", ha interpelado a los diputados de Vox, a quienes ha afeado la presentación de un texto legal "aberrante", sin recorrido jurídico, con el único objetivo de "meter su mensaje" en la agenda política regional.

Por último, ha considerado necesaria la financiación de los sindicatos, porque existe un "desequilibrio de poder evidente entre el poder de la empresa y el poder de los trabajadores", de modo que para poder "construir contrapoderes, hay que financiar al débil".

EL DIÁLOGO SOCIAL ELEVADO A CONSEJERÍA

Finalmente, el diputado del Grupo Popular, Juan Luis Rodríguez Campos, se ha mostrado convencido de que este texto contradice la Constitución, la Ley orgánica de libertad sindicatos y el Estatuto de los Trabajadores, demostrando el "escaso conocimiento que tienen en la materia".

En su opinión se han "confundido de lugar", lo que piden no requiere modificar la ley extremeña, sino que es una "modificación implícita" de la Ley de libertad sindical", y esto no se debate en la Asamblea de Extremadura, sino en el Congreso de los Diputados, pero presentan en el legislativo regional para hacer "oposición" al Gobierno de María Guardiola.

Pero también piden su devolución por un criterio político, porque el gobierno del PP ha hecho "una apuesta clara y decidida" por el diálogo social, hasta el punto de que lo ha elevado a la categoría de consejería, con el que se han conseguido "grandes acuerdos para Extremadura, que la región avance y deje de ser la última en todo".

Y esto, ha argumentado, no se consigue solo con un gobierno que "sabe lo que hay que hacer, sino alcanzando grandes acuerdos con los agentes sociales".