01 enero 2025
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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) ha manifestado su "firme rechazo" a propuesta de ley de concordia presentada por Vox en la Asamblea, por la que se deroga la Ley 1/2019, de 21 de enero, de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, a la que el Consejo de Gobierno de la Junta ha manifestado su conformidad para que sea tramitada.
Para esta organización, los derechos de las víctimas del franquismo, no pueden ser "moneda de cambio" en el ámbito de las negociaciones presupuestarias de PP y VOX, que olvida que "recuperar la memoria histórica y democrática es una cuestión de derechos humanos".
Al respecto, recuerdan que el gobierno regional ha afirmado en varias ocasiones en los últimos meses, que "no era una prioridad derogar la actual ley", por lo que "se trasluce una vez más que los derechos de las víctimas del franquismo, vuelven a ser objeto de un repudiable mercadeo en las negociaciones de los partidos de las derechas" en Extremadura, en este caso para la elaboración de los presupuestos de la Junta de Extremadura de 2025.
La asociación manifiesta su rechazo a "cualquier intento" de ambos partidos de "obstaculizar" el derecho de las víctimas de la dictadura y de la sociedad extremeña a la verdad, la justicia y la reparación.
De este modo, consideran que la propuesta presentada a la Asamblea por VOX "no es más que una burda copia" de otras iniciativas similares presentadas en las comunidades donde apoyan o permiten los gobiernos del PP.
Se propone un modelo de ley de "pretendida concordia, revisionista y negacionista, que falsea la historia" que, en suma, supone un "blanqueamiento" de la dictadura contra el que la asociación anuncia que seguirá "luchando como movimiento social, en todos los ámbitos que sean necesarios".
Todo ello en línea con los informes de los relatores del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que se han pronunciado en contra de estas propuestas de "pretendidas leyes de concordia" en "contundentes informes", pues el derecho internacional público obliga al Gobierno de España y en suma a todas las administraciones públicas, a "reconocer la memoria democrática y los derechos de las víctimas".
Los mencionados informes señalan que estas propuestas incumplirían, de ser aprobadas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Así, el Gobierno de España ha formalizado un recurso al Tribunal Constitucional contra la ya aprobada, ley de concordia de Aragón, y ha anunciado hará lo mismo con las normas de Cantabria, Comunidad Valenciana y Castilla y León, lo que "hace presumir que con esta iniciativa extremeña ocurriría lo mismo".
La propuesta de VOX no solo supone un "grave retroceso" en el ejercicio de los derechos humanos en Extremadura, sino que pretende "obstaculizar" a las asociaciones memorialistas y a la administración en esta materia a realizar su trabajo, mediante "subterfugios que permitirían la paralización de la búsqueda y exhumación de fosas", en "abierta contradicción" con lo establecido por la vigente Ley 20/2022, de Memoria Democrática, del Estado central.
Esto sumergirá a la administración extremeña en un "complicado conflicto competencial", dadas las disposiciones generales fijadas por la norma superior.
La propuesta de VOX supone un "trasnochado ejercicio de apología del revisionismo histórico a favor de la dictadura franquista", un período "lamentable" en la historia de España que ha sido ya "más que repudiado por las instancias internacionales y profusamente de forma científica por la disciplina de la Historia en todos los ámbitos académicos de solvencia y prestigio".
La Armhex confía en que la propuesta de VOX no prospere y que las instituciones, en especial las del Estado, sigan prestando su apoyo a la labor memorialista de las asociaciones.
Finalmente, avanzan que en caso de prosperar, volverán a las movilizaciones en defensa de la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, que ampara el derecho de "una ciudadanía que ya ha manifestado de múltiples formas estar con las víctimas de la represión franquista y de la dictadura".
