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Región Digital

De cara a los ejercicios 2022 y 2023

La Mesa General de Negociación aprueba las subidas salariales para los empleados públicos

La primera asciende al 1,5% y será "de aplicación inmediata" en la nómina de noviembre; y la segunda, del 3,5%, desde enero de 2023.

09 noviembre 2022 | Publicado : 14:11 (09/11/2022) | Actualizado: 17:03 (09/11/2022)

Rd./Ep.

La Mesa General de Negociación ha aprobado las subidas salariales para los empleados públicos para los ejercicios 2022 y 2023. En concreto, la primera asciende al 1,5% y será de aplicación inmediata en la nómina de noviembre; y la segunda, del 3,5%, desde enero de 2023, y una vez aprobados los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para el próximo ejercicio.

Así lo ha expuesto la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, quien ha presidido este miércoles la Mesa General de Negociación, en la que han participado los sindicatos CSIF, CCOO y UGT.

En concreto, la subida de 2022, que, según ha sostenido la responsable, se aprobará en el próximo Consejo de Gobierno para su aplicación inmediata, tiene carácter retroactivo desde el enero de 2022, su abono se realizará en la nómina de noviembre de todos los empleados públicos, e incluirá, además, el abono de las cuantías correspondientes a los meses de enero a octubre.

Este incremento, que supone un coste para las arcas autonómicas de 33 millones de euros, se suma al 2% ya aplicado desde enero, por lo que se consolida una subida anual de las retribuciones del 3,5%, según informa la Junta en una nota de prensa.

Además, la titular extremeña de Administración Pública ha destacado que Extremadura tiene "un compromiso claro" con sus empleados públicos que se materializa en la mejora de sus condiciones laborales, no solo en las salariales.

En este sentido, Blanco-Morales ha señalado que en la Comunidad Autónoma ya se ha consolidado la jornada de 35 horas semanales, una cuestión que se incluye en el acuerdo estatal de esta materia.

En cuanto al ejercicio de 2023, la subida salarial máxima será del 3,5%, cuya aplicación se concreta conforme al Real Decreto-Ley 18/2022, y contempla un incremento efectivo a 1 de enero del 2,5% y uno variable, del 1%, sujeto a la evolución del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) y de la evolución del PIB.

Concretamente, un 0,5% de dicha subida se aplicará si la suma del IPCA de 2022 y del IPCA adelantado del mes de septiembre de 2023 es superior al 6%, mientras que el 0,5% restante se computará en el caso de que el PIB nominal iguale o supere el estimado en el cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Además, si se aplica la subida en su totalidad, los empleados públicos de la Junta de Extremadura habrán experimentado un incremento del 16% de sus salarios entre 2016 y 2022.

SATISFACCIÓN DE LOS SINDICATOS, A EXCEPCIÓN DE CSIF

Cabe destacar que tras la celebración de la Mesa General de Negociación de la Administración, han salido satisfechas todas las partes, salvo el sindicato CSIF, que considera que esta subida hará que los funcionarios extremeños pierdan hasta seis puntos de poder adquisitivo.

Así pues, han mostrado su satisfacción los sindicatos UGT y CCOO, pero no así CSIF, que considera que los empleados públicos extremeños "van a perder hasta seis puntos en 2022" de poder adquisitivo con una "subida irrisoria", teniendo en cuenta lo que están subiendo los precios, y ha anunciado "movilizaciones" para reclamar mejoras salariales, así como para exigir el pago de once meses pendientes de la subida salarial de 2020 por parte de la Junta, algo que la consejera ha descartado porque es un asunto que los tribunales han dado la razón al Ejecutivo regional.

Tanto desde CCOO como desde UGT se han mostrado "satisfechos" con este acuerdo, porque "se regulariza la nómina de noviembre, se pagan los atrasos de enero a octubre y supone que los empleados públicos de Extremadura tienen un 3,5 por ciento de subida este 2022", ha indicado la responsable de UGT de este área, María de los Ángeles Rodríguez.

Mientras, desde CCOO, Esther Dávila, ha indicado que han salido "satisfechos" de la negociación, aunque ha reconocido que "no es la mejor de las cifras, pero es bastante adecuada a la situación en la que nos encontramos".

Sin embargo, el presidente de CSIF en Extremadura, Benito Román, ha tachado esta subida para 2022 y la anunciada para 2023 como "irrisoria y claramente insuficiente", ya que, atendiendo a las previsiones del IPC, "los empleados públicos en Extremadura van a perder seis puntos en 2022" de poder adquisitivo, y se ha preguntado "qué le han hecho los empleados públicos al señor Fernández Vara para que no les quiera pagar la subida salarial de 2 por ciento de 2020, para que sean los únicos a nivel estatal que no han cobrado esa subida".

Por todo ello, ha anunciado que seguirán con "movilizaciones" para reclamar "hasta que sea un hecho ese pago de 2020".

A fecha de 1 de enero de este año, en Extremadura hay 48.988 empleados públicos de la Administración Autonómica, a los que hay que sumar otros trabajadores del Estado en la región y otras administraciones, para hacer un total que roza los 91.000 funcionarios.

CONVENIO CON MUTUA COLABORADORA

Por otro lado, la Mesa General de Negociación ha abordado, además, el convenio de asociación con una mutua colaboradora de la Seguridad Social para la cobertura de las contingencias profesionales del personal de determinados ámbitos de la Junta de Extremadura. La entidad seleccionada, a través de un proceso abierto y transparente, ha sido Fremap.

Sobre esta cuestión, la vicepresidenta primera ha mantenido que el convenio no tiene como finalidad externalizar un servicio, ya que las mutuas no tienen ánimo de lucro, sino que se trata de una opción ya contemplada en otras entidades públicas regionales desde 1990, caso de las diputaciones, la Asamblea de Extremadura, la Universidad de Extremadura o los principales ayuntamientos.

El convenio, que abarca al personal de Administración General y docente, tendrá un alcance aproximado de 23.000 empleados públicos y, entre sus funciones, se encuentran la gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, en los casos de enfermedad profesional y de accidentes de trabajo, las prestaciones de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, las prestaciones de muerte y supervivencia derivadas de un accidente de trabajo o enfermedad profesional y la gestión por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave del personal laboral.

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