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En Extremadura

3.193 plazas componen Oferta de Empleo procesos estabilización Administración Gral

1.226 corresponderán a funcionarios y 1.967 a personal laboral; acordadaas en la Mesa Sectorial de Administración Gral y Comisión Negociadora personal

06 mayo 2022

La directora general de Función Pública, Carmen Vicente, ha destacado que estos procesos de estabilización, junto con los procesos ordinarios de las Ofertas Públicas de Empleo hasta 2021, permitirán situar la temporalidad por debajo del 4 por ciento.

En función de la normativa nacional antes citada, se establecen dos procesos selectivos. El primero, en virtud de las disposiciones adicionales 6ª y 8ª, a través de un concurso de méritos. Para este proceso, se incluyen un total de 2.746 plazas, de las cuales 1.096 corresponden a funcionarios y 1.650 al personal laboral.

El segundo proceso, establecido en el artículo 2.1 de la ley 20/21, se realiza a través del sistema de concurso-oposición y contempla 447 plazas, de las que 130 son de funcionarios y 317 de laborales.

Asimismo, se incluirá una propuesta realizada por la Administración regional, y con la que los sindicatos se han mostrado de acuerdo, para incluir en la oferta la posibilidad de incremento de un 10 por ciento adicional por si fuese necesario. Se trata de una posibilidad contemplada en las leyes de Función Pública pero nunca se ha podido ejecutar por las leyes presupuestarias.

La Oferta acordada incluye el número de plazas contenido en la Oferta de estabilización del año 2019, que no se ha ejecutado por la concurrencia de la nueva ley.

Además de la concreción de las plazas, se ha retomado la negociación de un acuerdo para el ámbito de Administración General por el que se establece el desarrollo de dichos procesos de estabilización, conforme a la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Carmen Vicente ha explicado que Junta y sindicatos tienen una postura bastante cercana para alcanzar dicho acuerdo, a falta de concretar algunos aspectos que han planteado discrepancias.

En este sentido, la directora general de Función Pública ha considerado que no se debe valorar la formación en estos procesos de estabilización, ya que no se realiza en los procesos ordinarios y pueden retrasar un proceso que, por su propia naturaleza, debe ser ágil para cumplir con los plazos previstos.

Y, otro de los aspectos que la Administración defiende es que se debe ponderar en porcentaje suficiente, pero no preponderante, los exámenes aprobados en convocatorias anteriores si las hubiese habido.

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