27 abril 2022 | Publicado : 12:04 (27/04/2022) | Actualizado: 17:38 (27/04/2022)
Ep.
Por otro lado, el Grupo Parlamentario Popular ha alertado este miércoles del "dedazo" que a su juicio se ha producido en la adjudicación, a través de procedimiento de emergencia, del contrato del transporte sanitario terrestre por valor de 39 millones de euros.
Un contrato que se ha adjudicado a una empresa que fue constituida "meses antes", en septiembre de 2021 con un capital social de 5.000 euros, ante lo que el Grupo Popular ha solicitado este miércoles la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Extremadura sobre este contrato y los realizados por el procedimiento de emergencia desde marzo de 2020, cuando se inició la pandemia.
Así lo ha asegurado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, quien considera "una auténtica barbaridad" esta adjudicación, sobre la que ha preguntado "¿dónde está la justificación?" de realizar este contrato por el procedimiento de emergencia una vez pasada la sexta ola del coronavirus.
"¿Arreglamos un tenoriazo con un dedazo sin precedentes?", ha preguntado Teniente, quien ha señalado que "la emergencia es quitar al señor Vergeles ante esta vergüenza de contratación", sobre la que esta comisión de investigación pretende "alejar sombras de dudas en la contratación pública de emergencia, porque no han sido contestadas en el Parlamento".
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Cristina Teniente, ha denunciado este miércoles en la Asamblea de Extremadura la falta de “equidad y objetividad” del gobierno de la Junta en el plan dirigido a la construcción de ocho nuevas macrorresidencias para mayores y personas dependiente de la región.
En este sentido, la diputada 'popular' ha señalado que parece más bien un reparto al “estilo Sánchez”, con sesgo “político e ideológico”, según informa la formación en una nota de prensa.
Así pues, Teniente ha anunciado que el Grupo Popular ha solicitado la comparecencia urgente en la Asamblea del consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, para que explique cuáles han sido los criterios objetivos, “que entendemos que no los hay”, que han guiado al Ejecutivo de Vara en el plan de construcción y reforma de centros residenciales de mayores y personas dependientes, dotado con 74 millones de euros.
De la misma forma, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha subrayado que, según este nuevo plan, de las ocho macrorresidencias medicalizadas que tienen que ir -en teoría- en cabeceras de partidos judiciales o comarcas, se comprueba que todas están asignadas a municipios gobernados por el PSOE.
Así pues, para el GPP, este no es un asunto menor, dado que las inversiones se nutren con 68 millones de euros de fondos europeos del plan de Recuperación y Resiliencia, a los que se unen otros 6 millones de euros vía convenio con las diputaciones provinciales.
Igualmente, Teniente ha rechazado que se puedan utilizar este tipo de fondos públicos para pagar “campañas electorales o caprichos de altos cargos”, algo que en ningún caso merecen los extremeños, ha recalcado.
Y es que, tal y como ha detallado el GPP, una de las ocho macrorresidencias medicalizadas, con una inversión de 4,5 millones de euros ha ido a parar a la localidad de Pescueza, que tiene 100 habitantes, y cuando uno se pregunta las razones, sólo encuentra un dato: que el director gerente del SEPAD es natural de dicho municipio. “A lo mejor tienen otra justificación posible”, pero ésta se desconoce, ha insistido.
LA JUNTA DEBE JUSTIFICAR EL DESTINO DE LAS INVERSIONES
Por otro lado, Cristina Teniente ha manifestado que “podría ser una coincidencia, pero las chinchetas son todas rojas”, y lo que el PP se está preguntando es cuáles son los criterios que han determinado la ubicación de esas inversiones multimillonarias con fondos europeos en determinadas localidades.
Y es que puede que en algunas localidades “esté justificada”, ha afirmado la diputada del PP, pero, al mismo tiempo, llaman la atención casos como el de Pescueza, anteriormente citado.
“Si en estas localidades están justificadas esas inversiones, pues que el Gobierno traiga las justificaciones al Parlamento”, ha aseverado Teniente.
Finalmente, el GPP ha asegurado que no se sabe con quién se ha negociado y cerrado este plan, y lo que procede es escuchar por parte de la Junta los objetivos técnicos por los que se han quedado comarcas enteras de la provincia de Cáceres sin cobertura como Villuercas, Ibores, Jara o Montánchez y sí tenemos un centro en el municipio del gerente del SEPAD.
