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Junta aumenta en 4,5 millones ayudas para el empleo entre personas con discapacidad

En total, un presupuesto de 15,5 millones. Es un incremento de 4,5 millones de euros respecto a la convocatoria anterior y un aumento del 300% desde 2016

03 diciembre 2021

La Consejería de Educación y Empleo ha publicado este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) las ayudas para el fomento del empleo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo para 2022.

El incremento de 4,5 millones de euros de esta nueva convocatoria para 2022 es debido, fundamentalmente, se debe a la necesidad de asumir la subida del Salario Mínimo Interprofesional y a que se ha incrementado el número de centros especiales de empleo y, por tanto, el número de personas beneficiarias.

Estas ayudas contemplan dos programas, destinados a fomentar la creación y la estabilidad en el empleo, así como facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo.

Así, el Programa I recoge ayudas para proyectos generadores de empleo y el Programa II, ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo en centros especiales de empleo.

El Programa I recoge ayudas de 12.020 euros por puesto de trabajo creado a jornada completa, si el centro especial de empleo supera el 90 % de trabajadores con discapacidad -respecto del total de su plantilla, a fecha de realización de las contrataciones-.

Si el número de trabajadores con discapacidad del centro especial de empleo está comprendido entre el 70 y el 90 % -respecto del total de la plantilla-, la Junta puede subvencionar hasta 9.015 euros por puesto de trabajo creado a jornada completa.

El importe máximo de la cuantía a conceder tiene como límite el 90 % de la inversión.

En el Programa II, la ayuda consiste en el abono a los centros especiales de empleo del 50 % del Salario Mínimo Interprofesional, fijado por el Gobierno de España con carácter anual. Esta ayuda es proporcional a la jornada realizada.

La Consejería de Educación y Empleo estima que, con los 15,5 millones de euros que se destinarán a la nueva convocatoria se podrán crear o transformar unos 120 puestos de trabajo (Programa I) y mantener unos 2.700 empleos de trabajadores y trabajadoras con discapacidad en centros especiales de empleo (Programa II).

El plazo de vigencia de presentación de solicitudes será de 1 año, a partir de mañana, día 4 de diciembre.

Las personas interesadas deberán solicitar las subvenciones durante el periodo de vigencia de la convocatoria, en varios plazos.

Para las ayudas establecidas en el Programa I, en el plazo de un mes, desde la fecha de inicio de las contrataciones indefinidas iniciales o de las transformaciones, en su caso; para las ayudas establecidas en el Programa II, las solicitudes podrán presentarse en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la finalización del mes por el que se solicita la subvención.

Por su parte, se habilita un plazo excepcional de un mes, a partir de mañana día 4 de diciembre, para que puedan presentarse solicitudes que no hubieran podido ser presentadas en la convocatoria anterior por finalización de la vigencia de la misma.

Las solicitudes de las ayudas se presentarán en el modelo normalizado, que estará disponible en el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) y en la página www.extremaduratrabaja.juntaex.es

También se podrán presentar en los registros del Servicio Extremeño Público de Empleo, o en cualquiera de las oficinas del registro único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Con el inicio de la crisis derivada del coronavirus, las personas con discapacidad se han encontrado con mayores problemas de acceso y mantenimiento en el mercado de trabajo y, es por ello, por lo que, desde el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), se sigue apostando claramente por visibilizar y apoyar las necesidades de estas personas.

La Estrategia de Empleo y Competitividad Empresarial 2020-2025 y el Plan de Empleo de Extremadura 2020-2021 recogen que este colectivo, con especiales dificultades, puedan ser partícipes, como sujetos activos titulares de derechos, de una vida en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos.

El dinero público que subvenciona estos contratos se debe destinar a generar empleos de calidad, que aseguren a la persona trabajadora con discapacidad un mínimo de estabilidad que le permita vivir dignamente.

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