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PSOE cree que fallo sobre plusvalía acelerará "seguridad jurídica" y PP pide soluciones

Cs: El Constitucional "ya había marcado la senda de este impuesto" con anterioridad y existía "un tema de redacción" que "se ha hecho siempre mal".

27 octubre 2021

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La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, ha considerado que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto de plusvalía "puede provocar" que se acelere el borrador del Ministerio de Hacienda para que haya "seguridad jurídica" para el cobro de este tipo de gravámenes.

Mientras, el portavoz de Hacienda del Grupo Popular en la Cámara regional, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha afirmado que ante dicha sentencia el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez tiene que aportar "soluciones" a las necesidades de financiación de los ayuntamientos.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos en la Asamblea (Cs) José María Casares ha incidido en que la sentencia del TC sobre la plusvalía "es clara" y supone "una faena" para los ayuntamientos.

Perok, ha añadido que lo que encierra esta temática es "una metedura de pata" por parte del Gobierno central pues, el citado tribunal "ya había marcado la senda de este impuesto" con anterioridad y existía "un tema de redacción" que "se ha hecho siempre mal".

A su vez, la portavoz de Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños-Equo) en la Asamblea, Irene de Miguel, ha reconocido que el de la plusvalía es un impuesto "bastante importante" para las arcas públicas municipales y que, en consecuencia, habrá que "estudiar" por qué el Tribunal Constitucional determina que sea "un impuesto que no se deba de volver a cobrar".

De este modo se han pronunciado los diferentes representantes parlamentarios a preguntas de los medios sobre la sentencia del TC relativa a la plusvalía, en sendas ruedas de prensa este miércoles en la Asamblea tras la Junta de Portavoces celebrada para ordenar el debate de totalidad del próximo viernes de los Presupuestos extremeños de 2022.

Así, Lara Garlito (PSOE) ha destacado que esta sentencia "lo que viene o puede provocar desde luego será que se acelere ese borrador que ya el Ministerio de Hacienda contaba con él para que haya seguridad jurídica para el cobro de estos impuestos".

PP

Mientras, Luis Alfonso Hernández Carrón (PP) ha defendido que "tiene el Gobierno de Pedro Sánchez una oportunidad de oro para demostrar que es un gobierno eficaz, que está del lado de los ciudadanos, en este caso de la administración local"; y ha considerado que es el Ejecutivo nacional el que "tiene que solucionar de manera inmediata el problema que se crea con la sentencia del Constitucional y tiene que darle una solución inmediata a los ayuntamientos".

"Porque si se les merma más en su capacidad fiscal, en su autonomía municipal, en su capacidad para seguir prestando servicios esenciales a los ciudadanos evidentemente van a acabar con los ayuntamientos y con la autonomía local", ha advertido el 'popular'.

Al mismo tiempo, ha reprochado también a la Junta de Extremadura que en los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2022 haya determinado "la misma cantidad de años anteriores" para el Plan Regional de Cooperación Municipal, lo que provocará que ante el "hachazo en forma de sentencia" en la financiación de los ayuntamientos la Administración regional no vaya a tener "capacidad de responder" a las necesidades de las entidades locales.

CIUDADANOS

Por su parte, José María Casares (Cs) ha incidido en que la sentencia del TC sobre la plusvalía "es clara" y supone "una faena" para los ayuntamientos, aunque ha añadido que lo que encierra esta temática es "una metedura de pata" por parte del Gobierno central, ya que el citado tribunal "ya había marcado la senda de este impuesto" con anterioridad y existía "un tema de redacción" que "se ha hecho siempre mal".

Así, tras recalcar que la sentencia del TC es "clara", ya que "cuando se ponga un impuesto tiene que tener una relación directa entre lo que se cobra sobre la base, es decir, que debe existir un enriquecimiento por parte de las personas que generan la compraventa de una vivienda", Casares ha subrayado que el fallo "afecta claramente" a la financiación de los ayuntamientos y que, por tanto, "hay que darle solución" a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"¿Que es una faena para los ayuntamientos?, induscutiblemente... ¿Que hay que darle solución por parte de los Presupuestos Generales del Estado? Pues habrá que tenerlo en consideración ahora que se están negociando... Pero debe haber una unión entre lo que se cobra con el objeto, eso está claro", ha concluido.

UNIDAS POR EXTREMADURA

A su vez, Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) ha reconocido que el de la plusvalía es un impuesto "bastante importante" para las arcas públicas municipales y que, en consecuencia, habrá que "estudiar" por qué el Tribunal Constitucional determina que sea "un impuesto que no se deba de volver a cobrar".

Así, tras indicar que no conocía el fallo del TC, ha considerado que hay que "leer bien la letra pequeña y estudiar bien esta cuestión", toda vez que alude a un gravamen "bastante importante para las entidades locales, para el propio mantenimiento de las arcas públicas".

"Habría que leer bien la letra pequeña y estudiar bien esta cuestión", ha dicho, aunque "a bote pronto las arcas públicas se nutren de estos impuestos y habría que estudiar por qué el TC que sea un impuesto que no se deba de volver a cobrar", ha reiterado Irene de Miguel.

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