04 junio 2021
El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha registrado una reclamación, dirigida al vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles), contra la pretensión de "imponer" la segunda dosis de Pfizer como "regla general y solo excepcionalmente la de AstraZeneca, por lo que ha exigido que se inocule la segunda dosis de AstraZeneca a los primovacuandos con ella dentro del plazo estipulado de "máxima eficacia".
Así, ha expuesto el sindicato que los docentes, cumpliendo con su "obligación" y ejercitando su derecho, participaron en la campaña de vacunación, aceptando "sin opción" la primera dosis de AstraZeneca, que eligió "discrecionalmente la administración para los funcionarios menores de 60 años".
Sin embargo, ahora, se está comunicando a los docentes, por diversas vías, que tienen que vacunarse con una segunda dosis de otra marca distinta a la primara (Pfizer) y solo "excepcionalmente y previo consentimiento por escrito optar por la segunda dosis de AstraZeneca".
PIDE recalca que "debe administrarse AstraZeneca siguiendo las indicaciones de la Agencia Europea de Medicamento (EMA) y la ficha técnica de la propia farmacéutica, y así se han decantado los profesionales mayoritariamente en otras comunidades autónomas al ser vacunados con AstraZeneca en segunda dosis".
De este modo, ha apuntado que las comunicaciones recibidas por los docentes no indican los recursos que caben contra la misma pero, "sin duda, es un acto o resolución administrativa que no se ajusta a derecho", lo que constituye un "funcionamiento anormal de los servicios públicos y el derecho a la salud (el derecho a ser vacunado cumpliendo la pauta completa con las dos dosis de la misma marca)".
Además, ha subrayado que "es un claro funcionamiento anormal de la administración, que por falta de previsión, por estrategia política o por motivos ajenos a la voluntad de los docentes, ha fracasado en recopilar o hacer acopio de vacunas para la segunda dosis, y si no lo hizo, no puede jurídicamente imponer una segunda dosis con otra vacuna, porque no está demostrado científicamente que sea eficaz, y además traspasa todos los limites desde el punto de vista del derecho constitucional a la salud. Es un claro abuso del derecho por parte de la administración y los docentes no tienen el deber jurídico de soportarlo".
