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Rechazada propuesta del PP que pedía saldar las deudas de la Junta a los ayuntamientos

Los socialistas alegan que la colaboración entre ambas administraciones mejorará con la nueva Ley de Garantía de la Autonomía Municipal

22 abril 2021

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El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado, con los votos del Grupo Socialista y Unidas por Extremadura una propuesta de impulso presentada por el PP, y apoyada por Cs, en la que se reclamaba a la Junta que saldara toda la deuda acumulada con los ayuntamientos, así como que estableciera un nuevo modelo de transferencia anticipada que redujera a diez días el pago del cien por cien de los importes concedidos en todos los programas.

En defensa de la propuesta, el diputado del Grupo Popular Luis Alfonso Hernández Carrón, ha destacado el trabajo "ejemplar" de los ayuntamientos durante la pandemia, con medidas para frenar la expansión del virus "desde el primer momento" y dando una respuesta a las necesidades de sus vecinos.

En este sentido, ha señalado que han estado en esta tarea "solos ante el peligro", puesto que son la única administración "sin ayudas por parte de nadie", en alusión a los fondos recibidos por la Junta desde el Gobierno, y con los que el Estado contará procedentes de la Unión Europea.

Al respecto, ha criticado que de los 140.000 millones de euros que España recibirá de Bruselas de los fondos para la recuperación, tan solo un "raquítico" 1 por ciento se destinarán a los ayuntamientos, en lo que considera "la última puñalada" del presidente, Pedro Sánchez, al municipalismo.

En concreto, en su propuesta instaba a la Junta a transferir de forma anticipada, por el total de los importes concedidos y en un plazo máximo de 10 días desde la aprobación de la resolución de la concesión, las cantidades de todos los programas, incluidos los créditos que corresponda gestionar a cada ayuntamiento de los diferentes programas de colaboración económica municipal.

Con ello, se estaría "transformando la actual forma de gestión condicionada en una fórmula de gestión incondicionada mediante la aplicación de los principios reparto de objetivo, confianza, lealtad institucional y autonomía financiera".

El segundo de los cuatro puntos con los que cuenta la iniciativa reclamaba márgenes de gestión que permita a cada ayuntamiento decidir el destino de los créditos transferidos para responder a las necesidades de cada localidad.

En tercer lugar, abonar de forma "urgente y prioritaria" todas las deudas que la Junta de Extremadura mantiene con los Ayuntamiento por cualquier concepto, y que Carrón ha cifrado en 103 millones de euros a fecha de diciembre de 2020.

Por último, instaba a la Junta a solicitar al Gobierno de España el aplazamiento de las liquidaciones negativas correspondientes al año 2018, con el objetivo de no restar más recursos a los ayuntamientos para afrontar el impacto del COVID-19.

SITUACIÓN "CATASTRÓFICA"

Hernández Carrón ha incidido en su intervención en la situación "catastrófica" que viven algunos ayuntamientos que mantienen con sus propios recursos servicios que no son de su competencia debido a los atrasos en las transferencias de la Junta.

En concreto, se ha referido a los impagos de las nóminas de los trabajadores de residencias de mayores, como es el caso de Santiago de Alcántara, pero también he hecho alusión a municipios como el de Coria o Los Santos de Maimona.

Por su parte, la diputada socialista Montserrat Caldeira Cidre, ha considerado "una broma de mal gusto" que haya sido Hernández Carrón el defensor de esta iniciativa, en tanto que durante su etapa como consejero de sanidad y política sociales fue el que "más recortó" los convenios del Sepad con los ayuntamientos.

Además, ha señalado que los 'populares' solo se acuerdan del municipalismo cuando oyen "tambores de guerra", ya sea por procesos internos de su partido o por próximas elecciones, y que esta propuesta no nace de una reclamación ni de la Federación de Municipios y Provincia de Extremadura o de la mayoría de ayuntamientos de la región.

Caldeira ha señalado que la iniciativa viene a demostrar que los 'populares' aprobaron la Ley de Garantía de la Autonomía Municipal de Extremadura sin creer en ella, pues ahora "quieren saltarse" el "enorme trabajo" desarrollado durante 2020 para el desarrollo de la misma.

Además, y si bien ha coincidido con el diputado del PP en reconocer la "gran labor" realizada por los ayuntamientos durante la pandemia, la socialista ha apuntado también el trabajo de otras administraciones como la Junta y el Gobierno, así como la colaboración entre todas ellas.

Asimismo, y sobre los plazos de pago de la Junta a los ayuntamientos, ha señalado que actualmente la media se sitúa en 15 días, y que hay convenios que por su naturaleza acumulan "retrasos" en la transferencia de los importes, pero que esto cambiará una vez se desarrolle la citada ley.

Una ley que, ha defendido, supondrá un "cambio sin precedentes, un nuevo modelo que atiende demanda de los ayuntamientos, y apuesta por medio rural".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Fernando Rodríguez Enrique, ha señalado que esta propuesta recoge puntos con los que está de acuerdo, en tanto que suponen la "fórmula perfecta" que ya viene recogida en la ley, cuyo tarro "sigue sin abrirse", con el riesgo de producirse una "cascada de quiebras" en las arcas municipales si no se adoptan medidas.

Propuestas que son "de sentido común", ha insistido, si bien ha advertido sobre el riesgo de rebasar el principio de autonomía financiera de los ayuntamientos, que es de donde considera que debe partir la recuperación económica, en tanto que son la administración que mejor conoce la situación de sus vecinos.

Por último, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha señalado en su intervención, a la espera de escuchar la postura del grupo mayoritario, que "sobre el papel" está de acuerdo con las propuestas de la iniciativa presentada por el PP.

No obstante, ha reconocido las dudas que le genera el punto en el que se reclama un mayor margen de maniobra a los ayuntamientos para decidir sobre el destino de los fondos, ya que de esta forma se puede producir que los habitantes de dos municipios cercanos disfruten de diferentes servicios y derechos.

Asimismo, y tras reconocer que "hay cosas que no se están haciendo bien" por parte de la Junta, entre las que ha citado la congelación del presupuesto de programas como el de las ayudas de mínimos vitales, considera que es "importante pelear por la ejecución de las partidas" aprobadas.

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