02 diciembre 2019
El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha apostado por adoptar la técnica de Presupuesto Base Cero para la elaboración de las cuentas de la región y, por ello, ha presentado este lunes una enmienda a la totalidad a los PGEx para 2020 postulando su devolución al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.
Según el diputado de la formación naranja, David Salazar, una técnica que "ya llevamos a pleno y el partido en el Gobierno se opuso alegando que supondría un trabajo excesivo" y ha subrayado, "nosotros no creemos que haya trabajo excesivo si lo que está en juego es el futuro de nuestra región".
Con esta técnica, lo que se busca es reflexionar de forma serena y pausada "sobre la conveniencia o no de cada partida, en lugar de aumentar, en forma proporcional a lo que lo hace el total del presupuesto, cada una de ellas".
Así, Salazar ha recalcado que "exigimos a la Junta de Extremadura mayor esfuerzo a la hora de realizar el presupuesto y que cada partida sea analizada y evaluada de forma exhaustiva para lograr la mayor eficiencia en el uso del dinero de todos los extremeños".
Además, el diputado de la formación naranja ha justificado la presentación de esta enmienda a la totalidad en que las cuentas presentadas por el gobierno autonómico "están basados en proyecciones y no en realidades, porque dependen en gran medida de la formación de un Gobierno en España".
Para el diputado de Cs, "las transferencias del Sistema de Financiación, el resto de transferencias corrientes del Estado y la participación en los impuestos estatales (IVA, IRPF, etc), dependen de los Presupuestos del Estado, que todavía no tienen fecha de elaboración. A esta situación se suma el presumible incumplimiento del déficit que obligaría a la Comunidad Autónoma a realizar un plan de ajuste".
Y, Salazar ha incidido en que las cuentas regionales deberían seguir las recomendaciones de los expertos sobre Competitividad Fiscal, entre las que destacan: reformar de inmediato el Impuesto sobre la Renta bajando los tipos de todos los tramos autonómicos; reformar drásticamente el Impuesto de Sucesiones, derogar el Impuesto sobre el Patrimonio o bonificarlo al 100%, establecer el tipo de gravamen de AJD en el 0,5% y el de Transacciones Patrimoniales Onerosas (TPO) en el 6% y eliminar los impuestos propios de esta comunidad autónoma.
