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Fundación Ciudadanía ensalza la vivienda como derecho esencial en ‘Declaración de Cáceres'

Con 30 artículos, recoge la importancia de temas tan trascendentales como la creación de pueblos y ciudades justas, seguras, accesibles y asequibles.

26 noviembre 2019 | Publicado : 17:06 (24/11/2019) | Actualizado: 14:54 (26/11/2019)

“El derecho a una vivienda digna, como componente del derecho a un nivel de vida adecuado, está consagrado en los principales instrumentos internacionales de Derechos Humanos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmados y ratificados por el conjunto de países que conforman las Naciones Unidas”. Con estas palabras, comienza el primer artículo del preámbulo de la ‘Declaración de Cáceres’, un documento que recoge las conclusiones del congreso ‘Construyendo el derecho a la vivienda’ celebrado los días 27 y 28 de marzo de este año en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña, durante el cual se ensalzó la vivienda como derecho fundamental. La acción es una iniciativa de Fundación Ciudadanía con la Junta de Extremadura, ONU Hábitat y del Colegio de Arquitectos de Extremadura.

Así pues, más de 25 expertos de todo el mundo se dieron cita en esta ciudad extremeña para promover viviendas dignas para todas las personas. De este modo, queda recogido en este escrito conformado por una treintena de artículos con el objetivo de impulsar el desarrollo legislativo del derecho a la vivienda y que éste sea exigible ante los Tribunales de Justicia. Al mismo tiempo, pretende poner en el centro de la agenda política el problema de la vivienda a nivel mundial y promover que los gobiernos favorezcan un desarrollo urbanístico sostenible con ciudades diseñadas para mejorar la calidad de vida de las personas.

En concreto, algunos de los firmantes de este documento son José Mujica, miembro del Comité de Honor del Congreso y expresidente de Uruguay, quien participó en la cita cacereña a través de un vídeo, así como el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, entre otros responsables políticos e institucionales. Además, en su clausura (durante la cual se hizo entrega de treinta reconocimientos a distintos colectivos y organizaciones que trabajan en pro del fomento del derecho a la vivienda), el consejero de Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, destacó la necesidad de "poner en el centro de la agenda política el derecho a la vivienda, que ha venido para quedarse, desarrollarse y consolidarse".

Igualmente tal y como informó en su día Fundación Ciudadanía, se trataron temas como la relación entre la vivienda, sociedad y ciudad, así como sobre innovación y asequibilidad de la misma. También se debatió sobre la despoblación, la emancipación y la precariedad de los jóvenes, o la inclusión de personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género. En el programa previsto destacaron presentaciones como la de Christopher Lalande, jefe de la Unidad de vivienda de ONU-Hábitat, quien subrayó la necesidad de mejorar el derecho a la vivienda para las "personas que tienen discapacidad, ya sea física o cognitiva".

Mientras, Miloon Kothari, ex relator especial de Vivienda del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, habló del derecho a la tierra en relación con el derecho a la vivienda. Por su parte, Juli Ponce, director del Instituto de Investigación TansJus de la Universidad de Barcelona, dijo que “el problema del acceso a la vivienda afecta ahora a los hijos de la clase media"; y Sonia Olea, del equipo de incidencia de Cáritas, puso el acento en que "las personas que sufren exclusión severa tienen su mayor problema en el acceso a la vivienda".

En esta línea, Joan Clos, exalcalde de Barcelona y exdirector ejecutivo de ONU-Hábitat, quien trató el tema de la despoblación –tan de moda en los últimos tiempos y que afecta en mayor grado a Extremadura-, recordó que en lugares como Noruega, Alemania o Suiza los ricos viven en pueblos pequeños, "por lo que hay que cambiar el modelo actual hacia otro mucho más sostenible". Igualmente, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, lamentó el retroceso de las políticas públicas en España y la "necesidad de aumentar el parque de alquiler público".

Declaración de Cáceres

Otro de los asistentes, en este caso, Sorcha Edwards, secretaria general de Housing Europe, puso ejemplos de buenas prácticas a favor de colectivos sociales desfavorecidos; mientras que Javier Martín Ramiro, director general de arquitectura, vivienda y suelo, señaló la necesidad de disponer de fondos para "solucionar el problema de la vivienda", poniendo el foco en la problemática del alquiler en España, puesto que, a su entender, es "insuficiente y de mala calidad porque, entre otras cosas, no se dispone de un parque público".

DECLARACIÓN DE CÁCERES

De todas estas intervenciones, salió a la luz la ‘Declaración de Cáceres’, un documento que cuenta con una treintena de artículos en los que trata temas tan importantes como el derecho a la vivienda y la creación de pueblos y ciudades “justas, seguras, accesibles, asequibles y que se adapten a los nuevos cambios”. “Pueblos y ciudades que crezcan respetando el medio ambiente, en los que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades”, destaca Fundación Ciudadanía.

Y es que esta entidad considera que el derecho a la vivienda, “es un derecho que tenemos todas las personas, pero que no siempre se respeta y se cumple”. Por eso, es esencial la colaboración de la ciudadanía, “para que entre todos consigamos los cambios necesarios para que este derecho esté más protegido y se cumpla”. Así, en el segundo artículo del preámbulo de este escrito recuerda que “gran parte de los países que conforman el Sistema de Naciones Unidas incluyen dentro de sus marcos jurídicos menciones expresas al Derecho a la Vivienda de sus ciudadanos, incluyendo la Constitución Española, que en su artículo 47 señala que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

“Consideramos que gran parte de los acuerdos internacionales suscritos en el marco de las Naciones Unidas ratifican el cumplimiento del Derecho a la Vivienda como parte indisociable del Desarrollo Humano; y enfatizamos que la Agenda de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) firmado en Nueva York en 2015 en el marco de las Naciones Unidas establece en su objetivo número 11 la meta de asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales, antes del año 2030”, recalca Fundación Ciudadanía.

En este sentido, recuerda que, en la Nueva Agenda Urbana, aprobada en la conferencia de Habitat III, en 2016 los países que conforman las Naciones Unidas se comprometen a “fomentar la realización progresiva del derecho a una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado”. También reconoce que las Naciones Unidas, a través del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), así como a través de otras iniciativas como el Programa de las Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda (UNHRP), “ha venido trabajando desde hace décadas en generar un marco de conocimiento que facilite a los Estados el desarrollo de políticas, estrategias y planes adecuados que permitan avanzar en la realización del Derecho a la Vivienda”.

Igualmente, desde esta entidad apoyan la idea de que el Derecho a la Vivienda “no sólo se refiere a la posibilidad de contar con un espacio para habitar, sino también a que ese espacio debe contar con características mínimas adecuadas”. Y es que, tal y como lo señala Naciones Unidas, “una vivienda adecuada debe contar al menos con las siguientes características: seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación cercana a oportunidades de empleo, salud, educación y transporte; y adecuación cultural”.

Viviendas

En esta línea, Fundación Ciudadanía también apoya la idea de “fortalecer” el contenido constitucional del Derecho a la Vivienda, “bien modificando su consideración como Principio Rector de la Política Social y Económica para considerarlo Derecho Fundamental, o bien abordando su desarrollo Legislativo, para que al menos su tutela pueda ser exigida ante la Jurisdicción Ordinaria”, asevera.

SITUACIÓN ACTUAL

Todo ello, puesto que a pesar de los progresos realizados en las últimas décadas, lamenta que el Derecho a la Vivienda “sigue sin estar efectivamente garantizado a amplios sectores de la población en gran parte del mundo, incluidos algunos ciudadanos que viven en países desarrollados”. Por tanto, cree que garantizar el Derecho a la Vivienda “sigue siendo uno de los grandes retos que afronta la humanidad”.

A colación de esto último, Fundación Ciudadanía asegura ver “con extrema preocupación” que la idea de utilizar la vivienda como “commodity”, viene progresivamente tomando cuerpo en el contexto internacional. “Esta concepción de alguna manera somete a la vivienda a las reglas del mercado, y por tanto a las fuerzas especulativas que se mueven dentro de él, contradiciendo su concepción como Derecho Humano, y haciéndola inaccesible para grandes sectores desfavorecidos de la sociedad”.

En este punto, recuerda que la última crisis financiera global de finales de la década pasada “ha tenido un impacto negativo” sobre la situación de vivienda de amplios sectores de la población, “particularmente en algunos países desarrollados, entre los cuales se encuentra España”. Concretamente, apunta que como consecuencia de la crisis, “un número importante de familias, particularmente aquellas con mayor grado de vulnerabilidad socio-económica, han sido desalojadas de las viviendas que ocupaban”. De hecho, a pesar que la situación ha mejorado en los últimos años, este impacto negativo aún no ha terminado de revertirse.

A su vez, en el artículo 12 de la ‘Declaración de Cáceres’ reconoce que los sectores más empobrecidos de la sociedad, así como algunos colectivos vulnerables dentro de los que se incluyen los jóvenes, las mujeres cabezas de hogar, las personas con discapacidad y los adultos mayores, “afrontan severas restricciones al momento de acceder a una vivienda adecuada”. Al mismo tiempo, identifica que además de las situaciones que tradicionalmente han condicionado el acceso a una vivienda adecuada, “como han sido la falta de recursos financieros y técnicos, la pobreza, la exclusión social o los conflictos armados, entre otros”, en los actuales momentos la sociedad debe responder a nuevos retos que deben ser abordados para garantizar el Derecho a la Vivienda, “tales como la adaptación y mitigación del cambio climático, el incremento de las migraciones y los desplazamientos forzados, así como el cambio tecnológico”.

Fundación Ciudadanía también reconoce que el “enfoque habilitador” que se generalizó en muchas partes del mundo a principios del siglo XXI y que asigna al Estado “un rol facilitador” en el desarrollo del sector vivienda, “no ha arrojado los resultados esperados” y que, por el contrario, “ha llevado a una mayor desprotección” de los grupos vulnerables de la sociedad en relación al Derecho a la Vivienda. A esto suma que las políticas generalizadas de “desregulación” del sector “han incrementado las tendencias especulativas y excluyentes” en relación al mercado de vivienda.

POLÍTICAS INTEGRALES EN PRO DEL DERECHO A LA VIVIENDA

Al mismo tiempo, afirma que las políticas, estrategias y planes enfocados en garantizar el Derecho a la Vivienda “no pueden ni deben concebirse únicamente desde una perspectiva desarrollista”, pues, por el contrario, “deben contener un enfoque integral”. Y es que el Derecho a la Vivienda “se garantiza también a través de la mejora del ambiente urbano y de las condiciones de las edificaciones existentes; de la facilitación para la aparición de un mercado de vivienda de adquisición y de alquiler estable y sano; del incremento de las oportunidades de empleo y de las posibilidades económicas y financieras de las familias; de las posibilidades de intervenir en la resolución de conflictos derivados del incumplimiento de las obligaciones financieras contraídas para acceder a una vivienda; y de la definición de marcos jurídicos claros”, asevera.

Fundación Ciudadanía

En esta línea, también apunta que el desarrollo de un sector de vivienda “eficiente y sostenible” “es una responsabilidad colectiva de la sociedad”, qué solo puede ser alcanzado con el acuerdo entre los diferentes actores que la componen, dando protagonismo a la expresión de diferentes voces de la ciudadanía, y todo ello “bajo la coordinación y dirección estratégica de los gobiernos en sus diferentes escalas”, apostilla Fundación Ciudadanía.

En la ‘Declaración de Cáceres’ también se deja por escrito que durante los últimos años han venido cobrando protagonismo dentro del sector vivienda algunas prácticas vinculadas a factores especulativos, que han derivado en procesos generalizados de incremento en los precios de la vivienda y/o en procesos de gentrificación y expulsión de población de bajos recursos en ciertas áreas de las ciudades. Igualmente, “apreciamos el surgimiento de algunas prácticas vinculadas al alquiler de vivienda por períodos cortos que, apoyadas en las nuevas plataformas tecnológicas, han tenido consecuencias igualmente graves en las poblaciones locales; y observamos que, ante estos nuevos escenarios, los gobiernos nacionales, regionales y locales no han contado con las herramientas que les permitan hacer frente a prácticas que contrarían el interés general de naciones y ciudades”, insiste.

Por ello, Fundación Ciudadanía advierte en el artículo 18 de este documento que el Derecho a la Vivienda “no es justiciable ni exigible por sí mismo”, al no estar reconocido como Derecho Fundamental, por lo que “no cuenta con las garantías procesales y sustantivas que merece, lo que imposibilita reclamar su tutela o protección ante el Tribunal Constitucional, por la vía prevista exclusivamente para los derechos fundamentales”. También alerta que “la inexistencia de desarrollo legislativo del Derecho a la Vivienda, imposibilita reclamar su tutela o protección, ante la Jurisdicción ordinaria, lo que dificulta incluso, su consideración como Derecho, en sentido técnico, dada su ubicación en el capítulo dedicado en la Norma Fundamental a los Principios Rectores de la Política Social y Económica, quedando así sujeto, a la buena voluntad de los gestores de lo público y relegado a una mera aspiración sociopolítica”.

Por tanto, la entidad hace hincapié en que estos principios sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen, “y como aún no existe en España una Ley que desarrolle el Derecho a la vivienda, se carece de instrumentos que permitan exigir su cumplimiento y dar protección jurisdiccional a sus titulares”, lamenta.

PROPOSICIONES

Ante este panorama, Fundación Ciudadanía se compromete a promover el posicionamiento de la vivienda “en el centro del debate político”, tal y como lo señala la Nueva Agenda Urbana, enfatizando que el estado debe asumir un rol más activo que facilite el desarrollo armónico del sector, “promoviendo valores de equidad, sostenibilidad e inclusión”. También reitera el llamamiento que hace la Nueva Agenda Urbana en relación a reconocer la función social de la vivienda y el rol de la producción de viviendas dentro de las economías nacionales y locales, “reconociendo que la vivienda aumenta la formación de capital, los ingresos, la generación de empleo y el ahorro, y puede contribuir a la transformación económica sostenible e inclusiva en los planos nacional, subnacional y local”.

También postula aprovechar las oportunidades derivadas del desarrollo urbano como “instrumento para garantizar la asequibilidad a la vivienda, promoviendo la implementación de operaciones urbanas integrales, el uso intensivo del suelo urbano, y la captación por parte de los Estados del valor generado por los procesos de urbanización, para su reinversión en oportunidades de vivienda asequibles”. Insta, a su vez, a aprovechar la definición de agendas y estrategias nacionales, sub-nacionales y locales de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para promover el Derecho a la Vivienda como “un elemento estructurador del desarrollo sostenible a nivel mundial.

Fundación Ciudadanía

Fundación Ciudadanía afirma, al mismo tiempo, la necesidad de garantizar que las políticas, estrategias y planes de vivienda, incluyendo los elementos de desarrollo urbano directamente vinculados, “incorporen de manera transversal” variables de sostenibilidad ambiental, económica y social que permitan “avanzar hacia modelos integrales de desarrollo sostenible”. Igualmente, hace un llamamiento para que los marcos legislativos que regulan el diseño, la construcción y el mantenimiento de las edificaciones “aborden claras disposiciones que permitan garantizar una mayor eficiencia energética, un menor consumo de agua y energía, la reutilización de materiales constructivos y la promoción de economías circulares en los procesos de edificación.

De la misma forma, subraya la necesidad de desarrollar políticas, estrategias y planes de vivienda con un enfoque de Derechos Humanos, garantizando que las mismas incorporen medidas de apoyo a la población más vulnerable, “incluyendo la transversalidad de temas relativos al género, la edad, la pobreza y las etnias”, entre otros. En esta línea, reclama incrementar la colaboración “multinivel y multiactor”, promoviendo la participación activa de todos los entes y actores involucrados en el desarrollo del sector, haciendo especial énfasis en la participación de la ciudadanía y de los grupos organizados de la sociedad en la definición de políticas, estrategias y planes, así como en los procesos de implementación, control y seguimiento de los proyectos de vivienda.

La entidad también alienta a los diferentes actores que participan del sector vivienda, y particularmente a los gobiernos nacionales, regionales y locales, a “discutir y abordar con la urgencia necesaria” las consecuencias derivadas de la irrupción dentro del mercado de vivienda de prácticas especulativas que distorsionan ese mercado, tanto de las viviendas de adquisición como de viviendas de alquiler. En este punto, lo hace extensivo a todos los actores involucrados, en particular a los gobiernos de todos los niveles, a promover prácticas innovadoras que permitan avanzar en garantizar la accesibilidad de vivienda, particularmente entre los sectores más vulnerables de la población.

“Particularmente, alentamos a aprovechar las nuevas tecnologías, incluidas las nuevas plataformas tecnológicas para explorar e implementar nuevas modalidades de acceder a la vivienda, nuevas formas de producción, de financiación, de adquisición y de uso de las viviendas, como forma de ampliar el acceso a la vivienda, particularmente en relación a los sectores más vulnerables de la sociedad”, insiste Fundación Ciudadanía.

Finalmente, en los dos últimos artículos de la ‘Declaración de Cáceres’, se apela a los diferentes actores agrupados en el sector privado, mundo académico, agencias internacionales y sociedad civil en general, “a participar activamente en la búsqueda de soluciones asociadas al sector vivienda que permitan identificar prácticas innovadoras que puedan servir de inspiración tanto a nivel global como a nivel local”; al tiempo que se propone, a los diferentes actores que participan del sector vivienda, y particularmente a los gobiernos nacionales, regionales y locales, “impulsar con urgencia las modificaciones normativas pertinentes para fortalecer el Derecho a la Vivienda y reconsiderar su idoneidad como Derecho Fundamental o, al menos, como Derecho Individual, más protegido y en consecuencia, con posibilidad de reclamarlo ante los Tribunales”, sentencia.

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