15 julio 2019 | Publicado : 15:43 (15/07/2019) | Actualizado: 19:38 (15/07/2019)
Ep.
Por su parte, la Junta de Extremadura ha sostenido que la sentencia a favor de Líneas Extremeñas de Autobuses, referida a un determinado periodo y en relación con unos determinados servicios complementarios, "no prejuzga ningún otro derecho económico" que pudiera asistir a dicha empresa.
"Habida cuenta de que, en los últimos años, la prestación de los servicios de transporte de viajeros se ha efectuado en virtud de diferentes títulos jurídicos, por distintas causas y mediante procedimientos igualmente diversos", han indicado fuentes del Ejecutivo extremeño a Europa Press.
En relación a ello, ha apuntado la Junta, no consta, actualmente, resolución administrativa o judicial que contenga el reconocimiento de obligaciones que suponga "un deber de abonar, en favor de la empresa LEDA, importe alguno de carácter compensatorio o indemnizatorio" por la prestación de servicios de transporte durante periodos distintos al reflejado en la citada sentencia.
De este modo, ha precisado la Junta de Extremadura, esta sentencia tiene el carácter de "firme", por lo que en cumplimiento de la misma, ha de procederse a dar "cumplida satisfacción" al mandato que contiene.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.1 de Mérida ha estimado "íntegramente" el recurso presentado por Líneas Extremeñas de Autobuses (LEDA) en contra de la Junta de Extremadura, que ahora deberá abonar a la empresa una parte de la cantidad adeudada "en concepto de responsabilidad patrimonial" correspondiente al año 2016, y que asciende a 23.261 euros.
En concreto, en una sentencia firme, emitida con fecha de 3 de junio, el citado Juzgado condena al Gobierno regional a abonar esta suma, más los intereses legales correspondientes, así como también las costas derivadas del procedimiento judicial.
Así pues, para LEDA esta sentencia viene a reconocer "la legítima reclamación que ha venido expresando en los últimos años" y pone de manifiesto que el Ejecutivo extremeño "no ha cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones", colocando a esta empresa extremeña "contra las cuerdas" y "perjudicando gravemente" a los 70 trabajadores que tiene en plantilla y que "han sufrido retrasos" en el pago de sus nóminas.
“Esta sentencia es un espaldarazo al gran esfuerzo que hemos realizado en los últimos años para que los extremeños no padezcan interrupciones del servicio y que solo ha sido posible con el sacrificio de nuestros trabajadores, a quienes agradecemos su compromiso con una empresa que nació en Extremadura y que está cerca de cumplir 100 años”, ha añadido LEDA en una nota de prensa.
No obstante, la empresa de transportes ha concretado que esos 23.261 euros que la Junta deberá pagar ahora, "solo constituyen una parte reducida de la cantidad adeudada en 2016", que alcanza los 218.156 euros y a los que se añaden 461.732 euros, correspondientes a 2017, y 345.842 euros, pertenecientes al primer semestre del ejercicio 2019.
ESPERA QUE LA JUNTA "ASUMA SU ERROR"
De esta forma, LEDA ha mostrado su deseo de que esta sentencia firme sirva para que el Gobierno autonómico "asuma su error y pague las cantidades que durante demasiado tiempo ha estado negando a la empresa".
“No pedimos nada que no sea nuestro”, ha añadido la empresa de transportes, al tiempo que ha manifestado que "no desea volver a los tribunales para cobrar las cantidades pendientes", porque las sentencias en contra de la Junta "repercuten en los extremeños y les suponen un gasto innecesario en costas judiciales que podrían evitarse con simple voluntad política y con seriedad en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas".
“Esperamos no vernos obligados”, ha apuntado. Y es que, tal y como recuerda en su nota de prensa, desde el año 2016, “hemos estado prestado un servicio que nos ha supuesto más gastos que beneficios”, añadiendo que “es imposible mantener líneas deficitarias sin la colaboración de la Junta”.
“Las empresas no queremos sentir que estamos mendigando algo que nos corresponde por legitimidad”, ha dicho LEDA, al tiempo que ha reiterado su interés de que esta primera sentencia “sirva para abrir los ojos del gobierno regional y no tengamos que seguir acudiendo a los tribunales”, ha sentenciado.
