23 mayo 2023
Unidas por Mérida ha propuesto la creación de un plan para el fomento del alquiler social como medida para limitar el ascenso de los precios del alquiler y la creación de mecanismos de "regulación y control" sobre los apartamentos turísticos.
La formación subraya que anteriores intentos ha dado "resultados contrarios a los deseados", puesto que "los propietarios de la vivienda se limitaban a trasladar el importe de las ayudas al precio del alquiler".
Por ello, consideran que la fórmula "más adecuada" para evitar esta situación se sostiene en la premisa de conceder las ayudas a los arrendatarios que ya hayan acordado el precio el alquiler con el arrendador, y cuyo contrato tenga una antigüedad de al menos un año, y un periodo de vigencia mínimo de tres años.
La concesión de estas ayudas supondría la liberación de una parte del importe que las familias destinan al pago del alquiler que, a partir de la puesta en marcha de esta iniciativa, supondría la posibilidad de dedicar parte de los gastos que anteriormente iban destinados al pago del alquiler a la adquisición o disfrute de otros bienes y servicios, señala Unidas por Mérida en una nota de prensa.
Así, esta medida supondría un incremento de la capacidad económica de las familias para satisfacer sus necesidades y el "consiguiente aumento de la actividad económica mediante el crecimiento del consumo".
Del mismo modo, la creación de un parque municipal de viviendas destinadas a cubrir necesidades en situaciones de emergencia social, se es una medida "imprescindible" para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda en favor de aquellas personas que no disponen de los medios económicos imprescindibles para ello.
Una medida que ya ha sido propuesta por este grupo municipal y que contó con el "rechazo de la mayoría de los grupos" con representación en el pleno durante la legislatura que ha terminado.
Por otro lado, señalan que el incremento de los apartamentos turísticos "carece de los controles necesarios", como pone de manifiesto la "disparidad" de los datos sobre esta materia que obran en manos de la administración autonómica y en el registro municipal creado a tales efectos.
La existencia de apartamentos turísticos "ilegales", supone una vulneración "muy grave" de la ley de turismo de la región, así como de otras infracciones en términos fiscales y laborales y de la Seguridad Social.
Unidas por Mérida considera que la "falta de control" de este tipo de alojamientos, no solo genera una "bolsa de economía sumergida en aumento", sino que además produce "todo tipo de inconvenientes y problemas de convivencia en muchas comunidades de vecinos" de la ciudad, así como una forma de "competencia desleal a todas aquellas personas que se dedican profesionalmente al alojamiento turístico, ya fuera a través del alquiler de apartamentos, hoteles y hostales".
